
Uno de los principales impactos de la devaluación decidida el lunes será en las propias cuentas públicas, en las que se anotará un efecto mixto: por un lado, se verán fortalecidas por la recaudación de los nuevos impuestos a las importaciones y también por una mejora de los ingresos por la vía de las retenciones, además del excedente que generará la inflación sobre los impuestos al consumo. Pero, por el otro, volverá a complicarse uno de los frentes que mayor dolor de cabeza trae desde hace más de diez años a los sucesivos gobiernos: el esquema de subsidios y la necesidad de actualización de las tarifas de los servicios públicos.
De hecho, el efecto de la devaluación podría implicar $70.000 millones adicionales en subsidios a la energía. El dato es el que proyecta el último Reporte de Tarifas y Subsidios que elabora mensualmente el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP de la UBA y el CONICET, que mide la evolución en términos nominales y reales de la asistencia financiera del Tesoro para solventar el costo de los servicios.
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De acuerdo a los datos, el aumento nominal de los subsidios fue de 75,8% nominal interanual mientras que en términos reales, hasta agosto, acusan una retracción de 16,6% respecto del año pasado. En el caso de la electricidad, la factura promedio país para los usuarios del segmento de mayor poder adquisitivo, N 1, fue de $11.184 mientras que para los segmentos de medios y de menor poder adquisitivo, N 2 y N 3, se ubicó en $4.188 y $4.528 mensual respectivamente. Esos montos acusan el impacto del último ajuste de tarifas dispuesto por la Secretaría de Energía, que se anunció sería el último del año.
Sin embargo, devaluación mediante y su correlato en la inflación, las tarifas volverán a quedar atrasadas, según admiten fuentes oficiales. De ahí que se evalúa el tratamiento que se dará a la cuestión, uno de los compromisos centrales en materia de reformas estructurales acordadas con el Fondo Monetario.
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El foco es que, ante los costos dolarizados del sistema, la suba del tipo de cambio oficial hace retroceder el margen de cobertura de la tarifa que pagan los usuarios sobre el costo total de las boletas. Así, en el caso de los segmentos N2 y N3, de ingresos bajos y medios, la tarifa cubriría apenas entre 11% y 16% del costo mientras que los segmentos de ingresos altos, que en principio pagaban la tarifa “plena”, sólo cubrirían 85% de los costos eléctricos. “El efecto de la devaluación podría implicar $70.000 millones adicionales en subsidios y que los N 2 y N 3 cubran solo el 11%-16% de costo. A su vez habría una reducción en la cobertura de costos eléctricos para los N 1 de 15 puntos porcentuales”, detalló el IAE.

En el equipo económico, el tema está en el candelero y ya se evalúa internamente el impacto de una suba del dólar de 22% y, eventualmente, cómo distribuirlo. Lo cierto, sin embargo, es que en plena campaña electoral y en el marco del impulso inflacionario que generó la devaluación, el margen para volver a incrementar tarifas es estrecho. De ahí que para los economistas del Instituto Interdisciplinario
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de Economía Política de la UBA (IIEP), “es esperable que en ausencia de nuevos incrementos, la factura final promedio de los servicios energéticos se reduzca en términos reales hacia finales del año debido a la dinámica inflacionaria y la devaluación del 22% del peso respecto al dólar mayorista del pasado 14 de agosto”. En ese sentido, el informe destaca que eso viene ocurriendo en los últimos tres años medio ya que tanto la factura promedio de energía eléctrica como la factura promedio del servicio de gas natural en el área metropolitana se han reducido en términos reales desde diciembre de 2019
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