
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó un nuevo informe de perspectivas económicas para los países de América Latina. En el caso de la Argentina, las previsiones para el 2023 son bastante negativas, aunque se advierte que en 2024 podría haber una recuperación en distintos aspectos.
En concreto, el organismo señala que, tras la desaceleración económica sufrida a finales de 2022, se prevé que el PIB de Argentina se contraiga un 1,6% en 2023 y posteriormente se recupere un 1,1% en 2024. “El mercado laboral ha mejorado, pero se espera que la próxima recesión traiga consigo una caída del empleo. Las exportaciones están padeciendo las consecuencias de la grave sequía registrada en 2023, pero también se recuperarán en 2024″, indicó la OCDE, en el informe publicado para el mes de junio.
Por otro lado, los especialistas de la organización internacional recordaron que la inflación ya superó el 100% anual y advirtieron que se mantendrá en niveles altos a corto plazo, a pesar de contar con una posición fiscal ligeramente menos expansiva.
En otro punto, explicaron que los estrictos controles de capital y la incertidumbre política ante las elecciones de octubre de 2023 frenarán la inversión y el consumo en 2023. “Cabe esperar que el gasto público disminuya durante este año, a medida que se reduzcan los subsidios a la energía y el cumplimiento de los objetivos fiscales exija una mayor contención del gasto”, agregaron.

No obstante, desde la OCDE analizaron que la reducción de las transferencias del Banco Central al Tesoro debería reducir las presiones inflacionarias a medio plazo, estrechar la brecha entre el tipo de cambio oficial y paralelo, y disminuir el riesgo de devaluación repentina. “La estabilización de la situación macroeconómica y el descenso de la inflación serán fundamentales para reducir la elevada pobreza y hacer frente a las crecientes presiones sociales”, aseguraron.
Desaceleración económica
Para justificar su lectura general de la macroeconomía Argentina, la OCDE destacó en su informe que el crecimiento económico se contrajo en el último trimestre de 2022, principalmente por un descenso de la inversión y el consumo privado.
“Los indicadores a corto plazo apuntan a una nueva contracción durante la primera mitad de 2023, a medida que la producción agrícola se ve afectada por la grave sequía”, apuntaron.
Como punto a favor, indicaron que el desempleo volvió a los niveles anteriores a la pandemia, alcanzando el 6,3% de crecimiento en el cuarto trimestre de 2022, pero advirtieron que la informalidad ha aumentado bruscamente, acercándose al 40% de la fuerza laboral.

La OCDE hizo mención también de la disminución en la confianza de los consumidores y lo asoció a la aceleración de los precios, fenómeno que llegó a la inflación “al nivel más alto en más de 30 años”, en medio de una brecha cada vez mayor entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. “Sin un ancla formal de las expectativas inflacionarias, la inflación está ampliamente extendida y la inflación subyacente se sitúa en el 105%”, explicaron.
En relación a la política de comercio exterior, el informe de la OCDE no pasa por alto que, por su condición de importador neto de energía, Argentina ha estado expuesta a los elevados y volátiles precios de la energía, en particular del GNL. “Para suavizar el impacto del encarecimiento de la energía, el Gobierno ha ampliado los controles de precios hasta 2023, que también cubren algunos artículos de alimentación y bebidas. El descenso de los ingresos por exportaciones y las bajas reservas de divisas ejercen cada vez más presión sobre las finanzas públicas, las cuentas exteriores y la economía en general”, remarcaron.
La política fiscal y monetaria
De acuerdo a la lectura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los objetivos de la política fiscal argentina conllevan una posición fiscal menos expansiva en el futuro, mientras que el cumplimiento del objetivo de déficit primario del 1,9% del PIB en 2023 será todo un reto, a pesar de las continuas reducciones de los subsidios a la energía.
En los próximos meses, aseguran, la sequía provocará una fuerte caída de los ingresos por impuestos a la exportación, lo que podría elevar el déficit fiscal.

“El Banco Central ha elevado la tasa de interés oficial trece veces desde principios de 2022, hasta alcanzar el 97%, lo que ha mejorado los incentivos para mantener saldos en moneda nacional y ha aliviado ligeramente las presiones sobre el tipo de cambio. En vista de los recientes repuntes de la inflación, es necesario que se realicen nuevas subidas durante 2023″, sostuvieron.
En este contexto, los especialistas del organismo internacional advirtieron que los riesgos sobre las perspectivas económicas están orientados a la baja. “Las escasas reservas de divisas, las estrictas restricciones monetarias y los grandes volúmenes de bonos del Banco Central en circulación en un contexto de inflación y tasas de interés al alza podrían provocar una devaluación de la moneda, una espiral inflacionista y la incapacidad de cumplir los objetivos fiscales actuales”, alertaron.
“Las presiones políticas para aumentar el gasto ante el deterioro de la situación económica también podrían poner en peligro el ajuste fiscal previsto. Por el lado positivo, una mayor demanda mundial de las exportaciones argentinas podría dar lugar a un aumento del crecimiento y de la entrada de divisas, reduciendo la presión sobre el tipo de cambio”, analizaron.
Qué aconseja la OCDE
Tras su análisis de la economía argentina, la OCDE señaló que un gasto social más eficaz podría contribuir a reducir las desigualdades y la pobreza.
“Los intentos actuales de mejorar la focalización de las subvenciones a los servicios públicos van en la dirección de mejorar la eficacia del gasto público. Sin embargo, aún están pendientes de aplicar otras reformas de subvenciones y esta cuestión sigue siendo todo un reto político”, comentaron.
“La reducción de las barreras a la competencia y al comercio, una mayor participación de la mujer en el mercado laboral -incluido a través de un mejor acceso a la educación de la primera infancia- y un aumento de la inversión en la calidad de la educación primaria y secundaria impulsarían la productividad y mejorarían la equidad”, cerraron los especialistas.
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