La Unión Industrial Argentina (UIA) expuso su rechazo a la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de suspender hasta el 31 de diciembre el régimen de percepción que permitía a grandes importadoras quedar exentas del pago de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias por considerar que la decisión “aumenta nuevamente la presión tributaria sobre el sector formal”.
A través de un comunicado, la UIA “manifestó su preocupación” por la norma del ente recaudador dado que “afecta al sector industrial de la Argentina en su conjunto, en tanto las importaciones que utiliza para el abastecimiento de la producción se corresponden con materias primas, insumos y bienes de capital, esenciales para la continuidad del tejido industrial del país y no con importaciones de bienes para consumo que luego se venden sin valor agregado”.
Según el análisis de los especialistas tributarios de la UIA existen diversos cuestionamientos a la norma:
1) “La medida es inconsulta, sorpresiva y de amplia afectación y alcance al sector productivo porque encarece el abastecimiento de bienes y equipamiento importado, al aumentar el financiamiento exigido para hacer frente al pago de estas operaciones acumulando el pago de las percepciones en detrimento del capital de trabajo, sin dejar que dichos saldo a favor se computen contra otros impuestos durante 2022″, señalaron.
Las industrias solicitan los certificados de exclusión por el costo financiero que, de no contar con los mismos, les produciría la acumulación de saldos a favor en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA. En ese sentido, “la Resolución genera preocupación por el impacto en el costo financiero del sector industrial que conlleva la inmovilización del capital de trabajo producto de la aplicación de la norma”.
2) La UIA considera además que la medida “no es sustentable económicamente” porque implica “un préstamo a tasa 0 por 9 meses de parte de las empresas importadoras argentinas al fisco por el equivalente a las percepciones por el 26% del valor de las importaciones de los próximos 9 meses (20% IVA, 6% IIGG), afectando de ese modo a las empresas que requieren insumos importados y/o realizan inversiones”.
Por otra parte, “el diferimiento de nueve meses para el cómputo de los pagos a cuenta al momento de la importación, en un contexto inflacionario del 100% anual, implica devaluar el crédito fiscal y, a valor presente, incrementar el costo financiero de las importaciones”.
3) La AFIP anunció que espera recaudar $979.000 millones lo que según la UIA “implica un desfinanciamiento a las empresas” por esa misma cifra para 2023, lo que representa 1,1% del PBI 2022. “La medida tiene un claro objetivo recaudatorio, afectando la competitividad de la producción”, señalaron.
4) Además, la central fabril cree que afectará a las mipymes, contradiciendo la posición oficial. “En general, las micro y pequeñas, aunque no realicen importaciones en forma directa, se abastecen mayoritariamente a través de distribuidores que pueden ser afectados por esta medida, y podrían trasladarles sus efectos adversos, encareciendo el abastecimiento de insumos y equipamiento”.
5) Por último, la UIA destacó que la norma de la AFIP “aumenta la presión fiscal sobre el sector formal de la economía, en tanto estas percepciones constituyen una carga pública superior a lo que por alícuotas las empresas deberían pagar, por efecto de un régimen de recaudación que no tiene en cuenta el saldo a favor de la cuenta tributaria de las empresas contribuyentes”.
El documento agregó que la nueva normativa “eleva aún más a la Argentina en los primeros puestos del ranking de los países más gravosos de la región y del mundo”.
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