La hoja de ruta financiera del 2023 tendrá en los próximos días la primera instancia en la que el Gobierno deba realizar pagos de intereses o capital a acreedores directamente en dólares, lo que tendrá un impacto en el nivel de reservas tras el último desembolso del Fondo Monetario Internacional, que tuvo lugar horas antes de las Fiestas de fin de año.
Se trata de pago a bonistas que ingresaron en la reestructuración de bonos en dólares que llevó adelante el entonces ministro Martín Guzmán en 2020, y que requerirá a las arcas del Banco Central una suma de USD 982 millones para el pago de intereses de los bonos globales en dólares y otros USD 39 millones para títulos en euros. Esta cuenta deberá cancelarse este lunes 9 de enero.
Ese mismo día, además, operará la primera fecha de devolución del préstamo al Fondo Monetario. A lo largo de enero habrá tres días previstos de pago, todos para repagar capital: también el lunes 9 serán USD 1.282 millones (es decir, ese día al sumar el giro a los bonistas el BCRA deberá desprenderse de poco más de USD 2.300 millones), junto con otros USD 640 millones el lunes siguiente y USD 674 millones el 30 de enero.
El caso de los pagos al FMI es diferente al de los bonistas, ya que la devolución del préstamo está cubierto con los desembolsos que envía Washington de manera trimestral. Así, con el último giro de USD 5.900 millones que activó el directorio del organismo días antes de que termine el 2022, el Gobierno tiene ya “calzados” los pagos necesarios hasta que tenga lugar la siguiente instancia de revisión de metas y desembolso. Eso está previsto para marzo.
El peso que tienen los pagos de deuda que se hacen directamente en dólares no será menor en la primera mitad del año. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), para el primer semestre de 2023 se estiman pagos por USD 28.769 millones en moneda extranjera.
La mayor parte de esas obligaciones de pago en divisas corresponden a la devolución del préstamo Stand By de 2018 que se financia con el último convenio Extended Fund Facility (EFF) que cobró vigencia en marzo pasado. Los números recopilados por la OPC reflejan que la cuenta a repagar al FMI se elevará a lo largo de la primera mitad del 2023 hacia unos USD 11.500 millones. Los bonistas privados, por su parte, cobrarán poco menos de USD 2.400 millones de intereses y otros USD 1.400 millones corresponderán a pagos a otros organismos internacionales.
Como contrapartida, los ingresos en moneda extranjera que tiene en el horizonte el Ministerio de Economía, ante un mercado de deuda internacional cerrado para la Argentina, estarán integrados por los desembolsos del FMI y préstamos de otras instituciones, un item por el cual en el Palacio de Hacienda esperan unos USD 2.200 millones, tal como informó Infobae. Las reservas también serán reforzadas con una balanza comercial que en el Gobierno aguardan que sea positiva en 2023.
Los vencimientos en dólares de la deuda argentina corren en paralelo al otro mercado que el equipo económico mira con especial atención, que es el de los títulos públicos en moneda local. La montaña de vencimientos en pesos obligó al Gobierno a llevar adelante operaciones de canje para prorrogar los pagos más adelante en el año y, en una porción por ahora menor, a 2024.
Tras la primera conversión de títulos hecha este martes, la cuenta de vencimientos para los primeros tres meses del año fueron reducidos desde de $4,3 billones acumulados a marzo ($1,1 billones en enero, $1,2 billones en febrero y $2 billones más en marzo) hasta $390.000 millones, $420.000 millones y $600.000 millones, respectivamente, lo que da una cuenta final de 1,4 billones de pesos.
En los planes del Ministerio de Economía aparece ahora la idea de repetir este tipo de canjes a lo largo de 2023, que podrían repetirse de manera trimestral. La secretaría de Finanzas acudió a lo largo de los últimos meses a un menú de bonos y letras con tasas positivas respecto a la inflación y con distintos formatos, desde títulos atados a la evolución del tipo de cambio para ofrecer cobertura a los inversores, hasta indexados a la inflación y otros a tasa fija.
El pico de vencimientos para 2023 tendría lugar en julio, con un equivalente en dólares de USD 1.600 millones, aunque la mayor parte corresponde a tenedores del sector privado. Ya desde enero, febrero y marzo esas “torres” se elevan en un rango de entre USD 1.000 y USD 1.200 millones cada mes. En términos generales, el 60% de las obligaciones de pago corresponden a acreedores del propio sector público, proyectó el FMI.
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