Parece un contrasentido y se trata de un movimiento casi imperceptible pero, al mismo tiempo que el campo está esperando una mejora en el tipo de cambio para vender sus granos e ingresar los dólares que el Banco Central necesita imperiosamente para fortalecer sus reservas, la entidad monetaria comenzó desde la semana pasada a frenar el ritmo de devaluación que se venía acelerando desde que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario. Así, el incentivo luce cada vez menor en el marco de la expectativa por el anuncio superador del esquema de “dólar soja” vigente, que vence dentro de 5 días hábiles y por el que entraron apenas USD 400 millones de los USD 20.000 millones que el Gobierno calculó que retienen los productores.
La tasa del “crawling peg”, es decir, el paso de las micro devaluaciones diarias, fue uno de los puntos más difíciles de la negociación con el FMI pero, en la medida en que se aceleró la inflación, también el Banco Central apuró el paso para evitar un retraso mayor del tipo de cambio. Esta estrategia parece haberse modificado en los últimos días. Si bien desde el BCRA afirman que se trata simplemente de “la volatilidad” que la entidad pretende imprimirle a la cotización, lo cierto es que no sólo la velocidad de depreciación dejó de acompañar -aunque siempre por debajo- la inflación sino que incluso se morigeró levemente. Así, mientras la inflación del mes pasado se ubicó en 7,4% y se prevé en torno a 6% para agosto, el nivel de ajuste de tipo de cambio corre por estos días entre 4,7% y 5,4% mensual. Esta ralentización que advierten algunos analistas es consistente con tornar más efectiva la suba de tasas de interés, que el Banco Central dejó en 69,5% anual con una suba de casi 10 puntos, si bien ambas variables se ubican por debajo de la inflación. Y está también en línea con la idea de quitar presión a la suba de precios, particularmente de alimentos, determinados por el valor del dólar oficial.
En contrapartida, retrasar el valor del dólar conspira contra el esfuerzo del ministro de Economía, Sergio Massa, enfocado en lograr un ingreso más fluido de dólares para recomponer las arcas del Banco Central. Esta preocupación central para el Gobierno se volvió acuciante en julio, cuando la fugaz titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, implementó junto al presidente de la autoridad monetaria, Miguel Pesce, el esquema de “dólar soja” que, a la luz de los resultados, resultó un fracaso.
Desde que asumió Massa, en tanto, se suceden las conversaciones con las autoridades de la Mesa de Enlace y también las distintas entidades agropecuarias, como el encuentro de ayer del ministro en Coninagro, pero no hay aún avances concretos. En el menú que se discute está la posibilidad de que los exportadores ingresen hasta 40% de sus ventas al valor del dólar Bolsa, lo que mejoraría en un 30% el tipo de cambio del total de sus operaciones pero, al menos por ahora, en los despachos oficiales se remarca que se superó el peor momento de la relación entre la demanda de dólares y el nivel de liquidación, por lo que no descartan que eventualmente no exista un nuevo sistema mejorado al que expira la semana próxima.
Sin embargo, tal como destaca el informe diario de la consultora Delphos Investments a sus clientes, “los dólares prometidos continúan demorados ya que el esquema de dólar-soja apenas atrajo ventas por USD 400 millones y el flujo por prefinanciaciones de exportaciones parece haber sido reducido hasta ahora”. Dado el inminente vencimiento del mecanismo es que son esperables las novedades sobre mayores incentivos para los productores, según la consultora que advierte que “bajo esta dinámica, resulta muy difícil que el gobierno pueda cumplir con la meta de septiembre de reservas netas”.
Es en este contexto que el Gobierno decidió el endurecimiento del cepo a las importaciones. Hasta ahora, las restricciones vigentes tuvieron mayormente impacto en la compra de bienes destinados a la producción. La nueva ola de controles pondrá el foco, en cambio, también en la importación de bienes de consumo. Con todo, las normas vigentes finalizan el 30 de septiembre cuando, tal vez a la luz de los efectos negativos sobre el nivel de actividad, se produzcan modificaciones.
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