La decisión del Gobierno publicada ayer en el Boletín Oficial según la cual el INDEC realizará un seguimiento de la dotación de personal en la administración pública pone el foco en uno de los agujeros fiscales que, dejó en evidencia la norma, más preocupan al ministro de Economía, Sergio Massa: el creciente déficit de las empresas públicas, que acumula en el el último año un rojo superior a los USD 5.000 millones.
Al igual que los distintos ministerios y dependencias públicas, las compañías estatales quedaron incluidas en la resolución que establece el congelamiento y obligación de reporte mensual respecto a la evolución de su personal a “las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, así como a los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional”.
La inclusión del universo de las empresas públicas no tiene nada de casual en el marco de la intención del ministro de ordenar las cuentas fiscales. Por esta vía se consumió, el año pasado, el equivalente a 0,7% del PBI con un desequilibrio acumulado de las 34 empresas no financieras del sector público en el orden de los USD 3.700 millones. Esa cifra, incluso en dólares, viene en aumento desde fines de 2019, cuando el déficit operativo de las compañías del Estado alcanzó los USD 1.400 millones.
De acuerdo a la información oficial, esa cifra ascendió al cierre del primer trimestre del año -con datos provistos por cada compañía actualizados a fin de junio- a USD 900 millones y, según proyecciones privadas en base a la información del resultado fiscal que todos los meses difunde la Secretaría de Hacienda, el resultado de las empresas en su conjunto arroja un desfase de USD 5.311 millones en los últimos doce meses, es decir, desde julio del año pasado a hoy. De cara a fin de año, la tendencia es preocupante.
De ahí que, con vistas a intentar cumplir con la meta de déficit fiscal de 2,5% acordada con el Fondo Monetario que Massa ratificó apenas asumió, el ministro apunte directamente a un ajuste en las empresas públicas. La tarea no parece sencilla: hace tan sólo diez días debió soportar su primer conflicto gremial con una de ellas, Aerolíneas Argentinas.
La compañía aérea se encuentra entre las más deficitarias del conjunto de empresas gestionadas por el Estado y, en vísperas del último feriado largo, inició un “plan de lucha” en pedido de 20% de aumento por recomposición del salario, que se topó inicialmente con la negativa oficial. Tres días más tarde, sin embargo, el gremio que lidera Pablo Biró obtuvo un incremento de 17% y se destrabó, al menos transitoriamente, el conflicto.
De todos modos, son los ferrocarriles los que este año están al tope de la lista de pérdidas operativas, casi dos veces mayor que la de Aerolíneas. La compañía que administra los trenes de carga y pasajeros, SOFSE, acumuló un rojo de $32.000 millones mientras que la que opera los aviones lo hizo por “apenas” $11.000 millones. Sólo en remuneraciones, SOFSE destinó durante los primeros tres meses del año unos $20.000 millones de los $29.000 millones que tuvo de ingresos (contemplando las transferencias del Tesoro). Para el caso de Aerolíneas, las remuneraciones absorbieron casi una tercera parte de sus ingresos totales del trimestre, $15.000 millones de los $44.0000 millones que le ingresaron a la empresa. Estos números explican, en gran medida, la decisión oficial de controlar el gasto público en personal.
Entre los considerandos de la medida publicada ayer se menciona que “resulta necesario adoptar medidas con miras a garantizar el ejercicio eficiente y responsable de los recursos del Estado Nacional, en lo que hace a la contratación de personal, particularmente en lo que refiere a los regímenes de contratación de aquel que presta servicios en el ámbito del Sector Público Nacional”.
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