Control a las importaciones de servicios: el Gobierno dejará fuera de la nueva normativa al turismo en el exterior y al pago de fletes

El Gobierno excluirá de las nuevas restricciones a las importaciones de servicios a los dos rubros que más dólares insumen dentro de esa clasificación, que son los gastos turísticos en el exterior y el pago de fletes internacionales para la compra de bienes. En los próximos días el Poder Ejecutivo publicará la letra chica de las nuevas regulaciones para el comercio exterior con el que busca poner un freno a la sangría de divisas del Banco Central.

El equipo económico dejó saber este lunes que intentará por medio de tres medidas una suerte de “sintonía fina” en la admistración del intercambio comercial, que incluirá restricciones adicionales para un grupo de importaciones y un mecanismo para anticipar exportaciones.

Algunos números que ponen de relieve qué universo del total de importaciones contempla el Gobierno para cerrar el goteo de divisas de la autoridad monetaria: una de los canales que buscará ajustar será el de un grupo de bienes de consumo que requirieron USD 800 millones en lo que va del año al BCRA. Otra poda provendrá de la compra de servicios al exterior.

Se trata de un rubro que tuvo un salto pronunciado en su ritmo mensual importador en los últimos dos años y que llegó a tener picos cercanos a los USD 1.700 millones por mes en los primeros meses de este año, en medio del salto en la brecha cambiaria que desalentó exportaciones y provocó un efecto anticipador de importaciones, lo que derivó en un balance deficitario en el saldo comercial con el exterior en los últimos dos meses.

El sector servicios incluye items variopintos y con utilidades muy distintas, ya que la base de datos oficial -que está explicitada en el Banco Central en lugar de Indec- discrimina entre el turismo emisivo, el pago de fletes para el transporte de bienes desde el exterior, y otros como licencias o desarrollo de software, servicios de consultoría o el pago de seguros. De acuerdo al BCRA, todos estos rubros insumieron USD 6.000 millones en la primera mitad del año.

Pero según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la resolución que publicará en las próximas horas la Secretaría de Comercio que encabeza Matías Tombolini dejará afuera de las nuevas restricciones al pago de fletes y al turismo en el exterior, que también incluye el gasto con tarjetas en moneda extranjera. Son, además, los dos subgrupos que demandan más dólares para importación, por lo que el universo potencial de divisas para ahorrar se achica.

Siempre según BCRA, por ejemplo, los gastos turísticos en el exterior y con tarjeta de crédito sumaron poco más de USD 3.115 millones en el primer semestre del año (contra los USD 863 millones de ese lapso de 2021), mientras que el rubro denominado “Fletes y seguros” requirió USD 2.571 millones entre enero y junio, un incremento interanual de 70 por ciento.

Para el caso de los fletes hay un factor que pesa especialmente que es el de los valores internacionales, más que la cantidad de operaciones. Según el último informe del Indec, “en julio de 2022, el valor unitario del flete internacional fue de 117,8 dólares por tonelada, 54,2% superior al de igual período de 2021 (76,4 dólares por tonelada) y 142,9% superior al de julio de 2020 (48,5 dólares por tonelada)”, explicó el organismo estadístico.

“Los fletes provenientes de China, USMCA (el bloque Estados Unidos-México-Canadá), Unión Europea y Mercosur en conjunto representaron el 72,8% del total. El costo del flete de origen China aumentó 12,1% respecto a julio del año anterior y 141,9% respecto al mismo mes de 2020. En relación con el valor FOB de las importaciones cada 100 dólares se pagaron 6,2 dólares de flete; 6,0 dólares en julio de 2021 y 4,8 en el mismo mes de 2020″, concluyeron.

Sin incluir los seguros, que en los datos oficiales aparecen junto a los fletes, la clasificación oficial habla de “otros” para referirse a pagos de consultoría, software y otros servicios profesionales, pero representaron una porción muy menor de las importaciones de servicios: poco más de USD 320 millones.

El mecanismo para restringir este tipo de importaciones provendrá de un reajuste de los criterios que utiliza la AFIP para establecer una “radiografía” económica y financiera de cada empresa que quiera acceder al SIMI y conseguir la aprobación de una importación de servicios. No se conoce cómo se rebalanceará ese filtro oficial.

Una segunda medida para restringir importaciones provendrá por la vía de las licencias automáticas y no automáticas, que es uno de los mecanismos que tiene el Gobierno para administrar la velocidad a la que los importadores pueden acceder a las divisas a precio oficial. Tal como habían anticipado desde el equipo económico, el Ministerio de Economía puso la mira sobre bienes de consumo.

La resolución que se conocerá en los próximos días quitará del grupo de licencias automáticas a unas 34 posiciones arancelarias, entre las que se encuentran bienes variopintos como whisky, teclados, mouses, altavoces, fibrones, máquinas para realizar criptominería, tragamonedas, semen bovino, yates y aviones de lujo. Todas pasarán a tener licencias no automáticas, por lo que la posibilidad de su importación quedará más restringida.

Se trata, estiman en el equipo económico, de unos USD 800 millones que en lo que va del año requirieron estas 34 posiciones arancelarias de las reservas del Banco Central. Algunos de estos bienes de consumo venían registrando hasta 1000% de incremento en su volumen de importación.

La tercera medida buscará, por otra parte, modificar un esquema de importaciones temporales que nació en 2004 y que contempla compras en el exterior que se realizan como parte de un esquema en el que, con esos insumos, se producen bienes que luego se exportan. Su marco de funcionamiento tiene como fundamento el plazo máximo que el Gobierno establece a esos importadores para que completen el proceso de finalización del producto derivado y su exportación.

No representan la mayor parte de las importaciones ya que según estimaciones oficiales se trata de unos USD 3.086 millones en lo que va del año, de los cuales USD 1.600 millones corresponden a la compra en el exterior de porotos de soja y la venta luego de aceite de soja.

En la actualidad el plazo máximo que tienen según la reglementación es de 360 días más la posibilidad de una prórroga de otros 360 días, es decir dos años. Ese plazo, con la nueva medida que se conocerá en los próximos días, se acortará a 120 días con otro tiempo similar como prórroga, lo que da como resultado ocho meses.

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