Denuncian que Presupuesto prevé “privilegios inexplicables” para la empresa Impsa, de la que el Estado es socio mayoritario

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Mendoza, Omar De Marchi, aseguró que en el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 enviado por el Gobierno al Congreso se otorgan privilegios “inadmisibles” e “inexplicables” para la empresa Impsa, la firma fundada por la familia Pescarmona y que en mayo de este año fue capitalizada por el Estado, que hoy cuenta con la mayoría accionaria.

“Es una denuncia que no tiene sustento”, aseguran fuentes oficiales. Y detallaron que casi todas las empresas del Estado tienen este tipo de exenciones impositivas. Es el caso, por ejemplo, de Intercargo y de Nucleoléctrica Argentina. También argumentaron que en casi todas las grandes obras en el sector de energías renovables las empresas extranjeras tienen exenciones. “Todos los países del mundo impulsan desarrollo tecnológico nacional con medidas de promoción”, indicaron.

De Marchi detalló que en un artículo del próximo presupuesto, el Poder Ejecutivo le otorga a la empresa la facultad de no pagar derechos de importación y tasas de servicios varios, entre otros beneficios. “De manera inexplicable se favorece a Impsa en el Presupuesto enviado al Congreso. Se le otorga a la empresa un privilegio que rompe la igualdad en el acceso a los mercados, teniendo prerrogativas que no tienen otras empresas del sector”, señaló el diputado.

En el texto del artículo 59 del proyecto de ley dice:

“Exímese del pago de los derechos de importación y de las tasas por servicios portuarios, aeroportuarios, de estadística y de comprobación, que gravan la importación para consumo de bienes de capital, partes, componentes, insumos, repuestos y/o bienes intermedios en la cadena de valor, destinados a la producción de obras de infraestructura en el territorio nacional y/o en el extranjero, que sean adquiridos por Impsa SA (CUIT 30-50146646-4)”.

“Estas importaciones estarán también exentas de impuestos internos y del impuesto establecido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997, y sus modificaciones. Estas exenciones serán aplicables a las mercaderías, fueren nuevas o usadas, solo si la industria nacional no estuviere en condiciones de proveerlas, sobre lo cual deberá expedirse el Ministerio de Desarrollo Productivo. Los beneficios dispuestos en el presente artículo regirán mientras el Estado Nacional sea accionista mayoritario de la empresa”.

“El artículo 59 del Presupuesto implica una burla al sector privado. El propio Estado reconoce que producir en un contexto de acoso fiscal es imposible y se auto genera un privilegio que niega a otras empresas. Es escandaloso”, resaltó el diputado De Marchi.

“Si hubieran tratado a Impsa cuando estaba totalmente en manos de la familia Pescarmona de la manera en que hoy la tratan, otra hubiera sido la historia. Sin embargo hicieron todo lo contrario, asfixiaron y extorsionaron hasta quedarse con la compañía, y ahora la sostienen con los impuestos de todos. Es inaceptable este privilegio. Delata intereses ocultos en la gestión de Impsa, haciendo que todos los argentinos, con sus impuestos, sostengan a una empresa que aparece como inviable en condiciones de igualdad de trato con otras compañías”, concluyó el diputado, que además es vicepresidente primero de la Cámara de Diputados.

Por su parte, fuentes del sector resaltaron que, a diferencia de lo que ocurre con las empresas que desembarcan en el país, Impsa tiene una presión impositiva mayor a las extranjeras. Por ejemplo: paga derechos de importación por los materiales necesarios para la producción de sus bienes mientras que el artículo 34 de la Ley 26.422 exime del pago de derechos de importación, tasa estadística y de comprobación de destino a las multinacionales que compiten contra la empresa.

Esas exenciones son para rubros como equipos aplicados a la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica; prospección, exploración, producción y explotación de gas y petróleo; construcción e instalación de nuevas refinerías de petróleo y ampliación de las existentes; transporte, almacenaje o distribución de hidrocarburos. “Cuando Impsa compite en las circunstancias actuales, tiene que contribuir al fisco entre 16 y 20% más que los competidores extranjeros”, indicaron.

En mayo de este año, el Gobierno anunció un aumento de la participación estatal dentro de la empresa Impsa, el holding fundado por la familia Pescarmona, por la cual el Estado nacional pasó a ser el accionista principal de la tradicional empresa metalúrgica.

La capitalización incluyó USD 20 millones por parte del Estado nacional y otros USD 5 millones por parte de la provincia de Mendoza, ambos en capital de trabajo. Con todo, la participación de la familia fundadora se redujo al 5,3% del total del grupo empresario.

En agosto de 2020, la empresa había solicitado al Gobierno nacional asistencia financiera ante la imposibilidad de reestructurar su deuda. La compañía fue creada hace más de 100 años como una empresa metalúrgica y luego fue ampliando sus negocios a rubros como soluciones y equipos para la industria de generación de energía hidroeléctrica, eólica y nuclear.

En 2018 logró salir de una profunda crisis financiera, que la había puesto al borde de la desaparición. Desde entonces, adoptó un nuevo esquema societario y los acreedores tomaron el control y el management de la compañía.

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