Los bonistas de Wall Street volvieron a la carga: se agruparon para que las provincias salgan del default y acusaron al Gobierno de impedir un acuerdo

Los acreedores privados de 12 estados provinciales pidieron avances para cobrar, defendieron su rol como inversores y fijaron una serie de principios para renegociar

El gobernador Axel Kicillof todavía no pudo llegar a un acuerdo con sus acreedores externos
El gobernador Axel Kicillof todavía no pudo llegar a un acuerdo con sus acreedores externos

Volvió el conflicto por la deuda: los acreedores privados de las provincias argentinas, con títulos por más de 3000 millones de dólares, se agruparon para forzarlas a llegar a un acuerdo que las lleve a salir del default y se quejaron de la “interferencia” del gobierno nacional en este sentido.

En un comunicado, la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas (CBPA) manifestó su “preocupación porque la oportunidad de alcanzar políticas responsables que aseguren el acceso al mercado de capitales en el mediano y largo plazo para apoyar las necesidades de inversión de las provincias está siendo frustrada por una visión política de corto plazo y un indiscriminado repudio a los contratos vigentes entre las provincias y sus acreedores”.

“En respuesta a estos acontecimientos, la CBPA siente necesario publicar principios básicos que gobiernen cualquier reestructuración de deuda provincial”, explicaron.

Estos principios son:

-Los incumplimientos y reestructuraciones imponen costos de largo plazo y consecuencias negativas para las provincias y sus economías, y solo deberían ocurrir en casos extremos.

-Las reestructuraciones oportunistas de deudas sostenibles son inaceptables y deberían ser rechazadas por todas las partes. Tal proceder no es en beneficio de las provincias con deuda, ya que el perder acceso a los mercados de capitales tiene costos de largo plazo.

-Las reestructuraciones de deuda, de ser necesarias, se tienen que dar en un contexto de transparencia y de negociación de buena fe y deben estar libres de injustificadas interferencias de terceros, incluyendo al gobierno nacional.

Las reestructuraciones de deuda deben estar libres de injustificadas interferencias de terceros, incluyendo al gobierno nacional

-Si una reestructuración es inevitable, los servicios de deuda futuros se tienen que determinar en base a una evaluación adecuada de la capacidad de repago de la provincia y la inclusión de ésta en el presupuesto. En este último las provincias deben estar dispuestas a designar una porción razonable de ingresos para satisfacer la deuda.

-Cualquier pérdida impuesta a los acreedores no debe ser politizada, lo cual incluye referencias arbitrarias a “valores presentes netos de recupero aceptables”.

-La sostenibilidad de la deuda reperfilada se debe determinar asumiendo la vuelta al mercado de capitales en el mediano plazo.

Así se presentaron los Acreedores de las provincias argentinas
Así se presentaron los Acreedores de las provincias argentinas

En el comunicado se explicó que la CBPA “fue creada por inversores institucionales que poseen más de 3 mil millones de dólares de deuda provincial para interactuar, en nombre de estas instituciones, con actores clave en este proceso, como ser los comités de acreedores, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras internacionales, agencias de desarrollo y crédito bilateral, gobiernos involucrados, medios de prensa y otras organizaciones.

Al respecto, señalaron que “en los últimos cinco años, inversores institucionales prestaron a las provincias argentinas más de 10 mil millones de dólares para proyectos de infraestructura, programas sociales, desarrollo de energías renovables, remediación ambiental y otros importantes proyectos de inversión y servicios públicos. Este financiamiento promovió el crecimiento inclusivo y mejoró la capacidad productiva de las provincias”.

“Muchas de estas provincias han mantenido históricamente bajos niveles de endeudamiento y tuvieron acceso al mercado de capitales debido a su responsable manejo de la deuda, incluso en períodos en los cuales el gobierno nacional ha estado en default”, afirmaron.

Sin embargo, “algunas provincias han aprovechado la ocasión para incumplir sus obligaciones de deuda de manera unilateral y oportunista”.

La provincia de Buenos Aires, entre otras, se mantiene en default, por la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre la administración de Axel Kicillof y sus acreedores; en este sentido, los bonistas ya contrataron a un estudio de abogados.

También, las autoridades provinciales dialogan con el ejecutivo Pablo Federico, administrador de fondos de Macrosynergy Partners LLP, ex gerente de cartera en BlackRock Multi-Asset Strategies y ex consultor para el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En muchas ocasiones, señalaron los acreedores agrupados, “esta conducta ha sido instigada por el gobierno nacional, quien ha buscado imponer pérdidas importantes a los acreedores, más basado en principios equivocados que en hechos y circunstancias específicos a cada provincia”.

La coalición está formada por acreedores de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego.

En su página web, aclararon que “el CBPA no participa en negociaciones bilaterales de deuda con las provincias. Las negociaciones de reestructuración son conducidas por comités de bonistas en cada caso específico. Sin embargo, la CBPA abogará porque sus Principios Básicos se observen en todas las reestructuraciones”.

El ministro Martin Guzman
El ministro Martin Guzman

Este comité de bonistas recrea la situación de duras negociaciones entre los tres grupos que había para renegociar la deuda del gobierno nacional y que, luego de arduos intercambios, llegaron a un acuerdo en agosto, que le permitió al país salir del default con la aceptación de más del 99% de los bonistas.

De todos modos, luego de aquella solución, se esperaba que las provincias pudieran avanzar en acuerdos similares, pero el equipo económico, según los inversores, les habría impedido a los gobernadores ofrecer acuerdos razonables. Este tema, como otras cuestiones importantes, fue discutida por el equipo económico que lidera Martín Guzmán con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estuvo en el país hasta el viernes pasado en el inicio de la negociación formal para lograr la refinanciación de la deuda de USD 44 mil millones que el país contrajo desde 2018.

La designación de Janet Yellen como futura secretaria del Tesoro de Estados Unidos, en el gobierno de Joseph Biden, generó mucho entusiasmo en Guzmán, quien la saludó y espera que pueda colaborar en la aprobación de este acuerdo -se dijo que su empatía con el mentor del ministro, Joseph Stiglitz, podía colaborar-, aunque un tema de esta envergadura requiere de algo más que las simpatías personales o supuestas afinidades ideológicas.

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