“Lo que nosotos hacemos es no cerrar un acuerdo rápido y malo como pidió el ministro de Economía, Martín Guzmán. Buscamos la sostenibilidad de la deuda y más en este contexto en donde hay escasez de divisas”, señaló una fuente provincial mientras explicaba el estado de situación de la renegociación de la deuda a días de que culmine la octava prórroga.
El próximo 6 de noviembre culmina el plazo para que la administración de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires logre reestructurar su deuda y todo hace suponer que se encaminará a la novena prórroga de los plazos. Más teniendo en cuenta el comunicado que emitieron ayer una porción de los acreedores en donde señalan que evalúan opciones legales.
Mediante un comunicado el comité Ad Hoc de tenedores de deuda de la provincia de Buenos Aires dijo que contrató a una firma legal para asesorarlo en el proceso de reestructuración debido a la “falta de compromiso constructivo por parte de la Provincia”.
Este grupo, representa a más de 40 instituciones que poseen más del 49% de la deuda de USD 7148 millones a reestructurar, comunicó que la firma de abogados White & Case LLP y Ayres Investment Management, de manejo de activos, conducirá una evaluación de “todas las opciones disponibles para avanzar en la reestructuración”.
“No hay motivos para creer que extensiones adicionales de esta oferta fallida puedan conducir a un resultado positivo”, sostuvo el grupo en un comunicado dando a entender que están analizando el camino legal. “Si bien el Comité Directivo mantiene la esperanza de que se pueda lograr una solución consensuada, si la Provincia mantiene el actual curso de acción contraproducente y confrontativo, el Comité Directivo y sus asesores están preparados para evaluar todas las opciones disponibles”, agrega.
Lo que puede sucedes es que el comité pida que la provincia sea declarada en default, algo que de hecho ya lo está pero que desde el punto de vista técnico no sucede hasta que un acreedor no lo pida formalmente.
En el entorno de Kicillof y del ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Pablo López, intentan bajar el tono de la discusión señalan que “hasta ahora se mantienen las conversiones con todos, no lo hacíamos con los asesores de este grupo pero porque ellos los estaban cambiando”.
Tanto es así que ahora dicen “celebrar” que “luego de un mes de intentos infructuosos de contacto con el Comité de acreedores, hayan podido tomar resoluciones internas que permitan entablar negociaciones de buena fe para encontrar una solución constructiva al problema de insostenibilidad de la deuda denominada en bonos bajo legislación extranjera”.
Además, y luego de reiterar que están dispuestos a negociar, la provincia le señala al comité Ad Hoc que “tal como fue contestado en su momento, la oferta presentada hace 5 meses por el comité, previa al impacto pleno en la economía global y argentina de la pandemia, y anterior a la aceptación de la restricción de divisas reflejada en el acuerdo logrado por el Gobierno Nacional, no constituye una base de discusión seria”.
Respecto de la oferta tampoco hubo mucho movimiento de parte de la provincia de Buenos Aires que se mantuvo en un período de gracia de 3 años, con una quita de capital del 7% y un recorte de los intereses de 55%, para obtener un alivio financiero de u$s 5000 millones hasta 2030.
Todo hace suponer que la provincia de Buenos Aires extenderá nuevamente los plazos lo que complica la situación de media docena de provincias que están a la espera que Kicillof cierre para poder avanzar en sus discusiones.
Detrás de Buenos Aires, la provincia con mayor nivel de endeudamiento es Córdoba, que propuso reestructurar US$1.685 millones de tres bonos emitidos bajo ley extranjera con dos años de plazo de gracia y quita de intereses, pero no de capital.
De este modo, la provincia empezaría a pagar el capital en 2023, a razón de un 20% del total cada año, y una reducción al 1% de pago de cupón hasta 2022 y, a partir de 2023, elevar el interés al 5%, poco más de dos puntos de lo que hoy pagan los bonos que tienen la provincia.
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