Los caminos de la Argentina y Paul Singer están destinados a cruzarse una y otra vez. Durante años, los abogados que representaban al gobierno argentino y a su millonario fondo, Elliot Management, se vieron las caras ante el juzgado del juez Thomas Griesa para cobrar la deuda en default. Ahora, casi de casualidad, de alguna forma volverán a estar frente a frente.
Sucede que el fondo Elliot es una de las 14 entidades que deberá votar en un comité internacional nada más y nada menos si la Argentina debe ser declarada formalmente en default después del 22 de mayo. Ese día vence el período de gracia para pagar los intereses de tres bonos emitidos bajo ley extranjera.
Ese evento podría gatillar el pago de millonarias cifras, relacionadas con la negociación de los seguros contra default, denominados “Credit Default Swap”. Los inversores que hayan adquirido estos instrumentos cobrarán ese seguro, siempre y cuando se determine técnicamente que la Argentina entró en cesación de pagos. Y eso lo define un “comité de derivados financieros”, que está integrado por 14 miembros. Uno de ellos es Elliot.
Paul Singer litigó diez años contra la Argentina y no aceptó entrar en ninguno de los canjes, ni en el que se realizó en 2005, tampoco en la reapertura del 2010 y ninguno de los acuerdos posteriores. Finalmente en 2016 el gobierno de Mauricio Macri acordó pagarle en efectivo. Fueron USD 2.400 millones y representó una ganancia de 392% para el “buitre” respecto al valor de adquisición de los títulos.
Créase o no, este mismo personaje a través de su fondo Elliot será uno de los que tendrá que decidir lisa y llanamente si decide “bajarle el pulgar” a la Argentina. Este viernes algún inversor de preguntará al comité de bancos” si el país debe considerarse formalmente en default, en caso de no pagar los USD 503 millones. Y en los días subsiguientes, no más de una semana, llegará la respuesta de las entidades.
Elliot no está solo en la tarea. La lista la completan instituciones de primer nivel como Goldman Sachs, Bank of America, Barclays, Credit Suisse, JP Morgan Chase y Mizuho Securities, entre otros.
Irónicamente, el propio fondo Elliot podría volver a la carga como nuevo “holdout”, en caso de que quede un porcentaje relevante de la deuda sin reestructurar. La historia argentina, pero también la de muchos otros países, dice que a la larga los litigios terminan obligando a los deudores a cumplir con sus compromisos por mucho más que el capital nominal emitido originalmente.
En diálogo con Radio con Vos, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, ya prácticamente adelantó que la Argentina entrará efectivamente en un “default técnico” el viernes. La explicación es que aún cuando se encaminen las negociaciones, el Gobierno no llegaría a acordar antes del 22 de mayo, debido a que no dan los tiempos. Pero lo de default técnico es un eufemismo del funcionario, casi como hablar de estar “más o menos embarazada”. Para los mercados no hay situaciones intermedias: la deuda emitida bajo ley internacional se cumple de acuerdo a los términos originales de emisión o, en caso contrario, se produce el default.
Para zafar de la cesación de pagos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, podría optar por realizar el pago de los USD 503 millones a último momento, pero esta opción está casi totalmente descartada. Otra posibilidad que circuló, también con poca probabilidad, es que se deposite el dinero en una cuenta especial como forma de mostrar “buena fe” en la negociación con los acreedores, que de todas formas no podrían disponer de los fondos mientras duren las conversaciones. Por último la semana pasada se analizó, y se habría desechado, la posibilidad de patear todo para más adelante, bajo el paraguas denominado “standstill”. Pero supondría que la Argentina siga pagando los intereses mientras se posterga hacer frente a los vencimientos de capital.
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