La aversión al “riesgo argentino” se exhibió en todas sus facetas la última semana, con un sacudón en las cotizaciones que puso fin a la “luna de miel” financiera insinuada desde mediados de noviembre.
Los tiempos financieros van más rápido que los políticos y una negociación con acreedores que avanza con parsimonia ahuyenta a los fondos, en un marco de desconfianza de los inversores, dada la tradición de los gobiernos argentinos de tropezar con su incapacidad para honrar los compromisos.
El Gobierno de Alberto Fernández recibió de la administración de Mauricio Macri un dificultoso estado de pasivos, pocas reservas netas en el Banco Central y un rígido “cepo” cambiario que grafican la vulnerabilidad financiera de la Argentina. Con escaso margen de error y el historial conflictivo que el kirchnerismo tuvo en su relación con los acreedores, se evaporó pronto el aval que significó la mejora en dólares que habían acumulado los papeles argentinos en los últimos dos meses.
Así como la sobria conferencia de prensa brindada por el ministro de Economía Martín Guzmán el 11 de diciembre tuvo una recepción positiva, la ofrecida el martes 21 causó el efecto contrario. Sin dar detalle del plan de reestructuración para los bonos, cuyos vencimientos se concentran en el primer semestre, anunció un proyecto de ley para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública.
Darle un trámite legislativo a un problema que requiere diálogo rápido y ofertas concretas para ganar el favor de los acreedores no pareció la salida más efectiva o, al menos, la que esperaban los agentes financieros.
Un día después, el gobernador bonaerense Áxel Kicillof anunció la extensión del plazo para que los acreedores del Bono BP21 acepten el diferimiento a mayo del pago del capital que debía hacerse efectivo el 26 de enero, al no haber conseguido la adhesión del 75% de los tenedores del título emitido por la administración de Daniel Scioli en 2011. A este paso, la provincia de Buenos Aires puede caer en default el próximo 5 de febrero.
Después de la presentación de los funcionarios sobrevinieron las pérdidas con escasos atenuantes. Los bonos soberanos restaron un 6% en promedio para los títulos en dólares de referencia, con paridades que permanecen en el 50% de su valor nominal.
El Riesgo País que mide JP Morgan, saltó 13,6% a lo largo de la semana para la Argentina y quedó holgadamente sobre los 2.000 puntos básicos.
El golpe para las acciones fue muy duro, tanto para los precios en pesos como en dólares. El S&P Merval de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) restó en promedio un 5,7% en la semana, se alejó de los 43.000 puntos del viernes 17 -el máximo desde las PASO de agosto- para quedar debajo de los 40.000 puntos.
Como búsqueda de refugio, en algunas ruedas se operó un monto mayor en CEDEARs, los certificados respaldados en acciones extranjeras que se transan en la plaza local, que en las especies argentinas.
La caída en dólares para las acciones promedió el 7,5% en cinco ruedas, como se evidenció en el derrape de los precios de los ADR de compañías argentinas que se negocian en las bolsas de Nueva York.
De este arbitraje con acciones y bonos surge el tipo de cambio implícito, el “contado con liquidación”, la referencia del valor que le atribuye el mundo financiero al dólar. Esta paridad ganó 2% y se aproximó a los 84 pesos, que ampliaron la brecha con el dólar mayorista, regulado por el Banco Central y las restricciones, a un 40 por ciento.
En contraste, el dólar formal en $60,09 y a $81,87 en el promedio al público, previa aplicación del impuesto “solidario” de 30%, parece adormecido en estos niveles.
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