Los tributaristas advierten por la inseguridad jurídica que genera la suspensión de la ley de la Economía del Conocimiento

Con la certeza de una ley que había sido votada en forma unánime por el Congreso el año pasado, las empresas del sector de la Economía del Conocimiento ya habían formulado su estrategia de inversiones para 2020.

Sin embargo, el Gobierno frenó los beneficios impositivos que generaba la ley a través de una simple resolución administrativa que, según varios expertos en impuestos, genera inseguridad jurídica y frenará dichas inversiones y la creación de empleo.

En off the record, estos tributaristas consideran que las pymes serán las más perjudicadas por este cambio de reglas, dado que las empresas más grandes tienen la capacidad de aumentar sus negocios en otros países en los que operan. Por lo tanto, la decisión del Gobierno va en contra de su discurso en contra de la concentración económica.

Además, temen que se generen distorsiones en términos de los criterios para poder acceder a los beneficios de la ley, con excesiva discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos, dada la mala experiencia registrada en la aplicación de los controles sobre todo entre 2011 y 2015.

Los expertos se preguntan si el Gobierno no estará buscando además reducir el costo fiscal de unos $ 10 mil millones calculado para este año por la aplicación de esta norma por el Ministerio de Producción del gobierno de Mauricio Macri, que se hubiera compensado con la generación de divisas y de empleo registrado.

Ninguna firma, por ahora, está estudiando acciones legales, dado que esperarán la letra de la nueva resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas, pero la primera reacción fue de malestar.

Los incentivos impositivos de la ley aprobada por el Congreso en 2019 incluyen estabilidad fiscal, reducción y devolución de contribuciones patronales y una importante reducción de la alícuota de impuesto a las Ganancias.

Dado que el Gobierno recién arranca, el discurso oficial del sector empresarial no reflejará esta sensación. Pero, informalmente, sus asesores impositivos aseguran que “como la decisión de suspender la ley fue política, es difícil analizarla en términos técnicos, que es el criterio que guía a las empresas para invertir o no”.

César Litvin, socio del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, expresó: “Es un mal paso, ya que va a alentar a la radicación de las empresas en el exterior, porque los beneficios de los países vecinos para estas firmas son muy grandes”.

“El Gobierno debería rever esta medida porque perderá divisas, empleo y frenará muchos proyectos que habían arrancado a la luz de la ley que estaba vigente", indicó.

A la suspensión de la Ley del Conocimiento, Litvin le sumó el cobro de las retenciones a la exportación de servicios que arrancó en el gobierno de Mauricio Macri y que también desincentiva las inversiones en este dinámico sector frente a otros países de la región.

El abogado experto en temas tributarios Diego Fraga opinó que “imponer cambios en una ley que se votó unánimemente genera una mala sensación en cualquier inversor; inclusive aunque el Gobierno ahora mejore la ley, muchas inversiones ya se habrán frenado o desviado a otros lugares”.

“Puede que la suspensión obedezca a la necesidad de medir el impacto presupuestario de la puesta en vigencia del régimen. Igualmente, esperemos que en el Gobierno prevalezca una visión estratégica y de largo plazo, para darle una aplicación amplia a la ley y generar inversiones en uno de los sectores más dinámicos de la economía y que generan divisas”, explicó Fraga.

Según el abogado, “la ley de Economía del Conocimiento fue la verdadera reforma tributaria que la Argentina no tuvo, aunque orientada a sectores puntuales de la economía que todo el arco político nacional votó al considerarlos esenciales para el futuro del país”.

En cambio, “las restricciones cambiarias, la obligación de liquidar divisas y los derechos de exportación a los servicios frenaron algunos proyectos o los limitaron”, aclaró.

El contador Ezequiel Passarelli afirmó: “Entiendo la preocupación que podrían tener las empresas que ya han ingresado a la Ley de Promoción del Software y las que podrían entrar a la Ley de Economía del Conocimiento”.

Esto es, que “nunca se reglamente o que, por lo menos, tarden mucho tiempo sin hacerlo; definitivamente, habrá que esperar para sacar conclusiones”.

De todos modos, afirmó que fue “llamativo” el apuro con el que el gobierno de Cambiemos reglamentó esta ley.

“En un acto de coordinación nunca antes visto, en solo tres días y a menos de 10 días de las elecciones presidenciales, se publicó un decreto del Poder Ejecutivo, una Resolución del Ministerio de Producción y una Resolución de la Secretaría PyME”, recordó.

“Lo que, en principio, está haciendo Kulfas es decir: esto corresponde que lo reglamente el nuevo Gobierno. Es un tema demasiado importante como para que se haya hecho de esa manera”, opinó.

En esta sintonía, su par Fernando Schettini dijo que “no hay que alarmarse ya que el régimen no fue derogado; sólo se suspendieron los plazos para realizar presentaciones, hasta que se emita una nueva reglamentación”.

“Las empresas nuevas deberían seguir preparándose en línea con la normativa vigente para calificar apenas se emita la nueva reglamentación y los nuevos formularios”, aseguró.

En cualquier caso, algunos economistas creen que mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, trata de recrear un mejor ambiente al cerrar cuanto antes un acuerdo con los acreedores privados del país para que la economía vuelva a crecer, otros sectores del Gobierno van en el sentido contrario, con la generación de trabas y desaliento a las inversiones de mediano plazo.

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