En Infobae al Regreso, los referentes de Inquilinos Agrupados y Tejido Urbano discutieron el impacto social y económico tras el aumento de los alquileres en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, fenómeno que combina la suba de divorcios y la eliminación de la Ley de Alquileres.
Gervasio Muñoz y Fernando Álvarez de Celis analizaron los índices oficiales, la brecha con la inflación y las condiciones que enfrentan hoy los inquilinos ante el nuevo escenario regulatorio.
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El salto de los alquileres: datos oficiales, privados y la brecha con la inflación
La discusión se centró en los números concretos. Matías Barbería puso sobre la mesa tres índices clave para entender la magnitud del aumento tras el cambio de gobierno: “Según Zonaprop, los alquileres aumentaron 195% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre noviembre de 2023 y abril de 2026. El índice oficial del Instituto de Estadísticas y Censos porteño marca un 204% en el mismo período”. Sin embargo, el dato más impactante llegó con el índice nacional: “En la región GBA, que incluye Capital y Gran Buenos Aires, el aumento fue del 657%”.
La inflación acumulada en ese período fue del 355%, lo que implica que “el precio de los alquileres casi duplica la inflación”. La disparidad entre índices, explicaron, responde a que algunos miden precios de publicación y otros lo que pagan efectivamente los inquilinos. “El ajuste viene porque se fue cambiando a las nuevas formas de alquiler fuera de la ley”, detalló Barbería.
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Gervasio Muñoz cuestionó la validez de los argumentos de mercado: “Durante la Ley de Alquileres, los precios viajaban por debajo de la inflación y los salarios. Apenas se termina la ley, el mercado impone cualquier tipo de condición y aumentan los precios”. Para él, la intervención estatal es indispensable: “Hasta que no haya intervención del Estado sobre cuestiones centrales en materia de acceso a la vivienda en alquiler, la cosa va a estar cada vez peor”.
El impacto de los divorcios y la oferta formal en retroceso
Álvarez de Celis remarcó cómo el fenómeno del divorcio multiplica la demanda de vivienda: “Hay una familia y, por una ruptura de pareja, se va de casa y tiene que alquilar otra vivienda. Aumenta por dos la demanda de vivienda”.
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Muñoz aportó otra perspectiva sobre el supuesto déficit habitacional: “Hace muchísimo tiempo la población es la misma, pero hay más viviendas que hogares en la ciudad de Buenos Aires. Hay 230 mil viviendas más que hogares”. Sin embargo, buena parte de esas viviendas no se destinan al alquiler tradicional: “Hay un 10% vacías, muchas funcionan como consultorios o no se alquilan porque los dueños las usan como reserva de valor o para alquileres temporarios tipo Airbnb”.
La caída de la oferta formal, especialmente tras la derogación de la Ley de Alquileres, generó una migración hacia contratos informales y nuevas reglas de juego, con los inquilinos en clara desventaja. “El 60% de los alquileres estaba fuera de la ley”, advirtió Álvarez de Celis, señalando que la informalidad se volvió la norma y no la excepción hasta 2023.
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Comisiones, condiciones de alquiler y la desigualdad de poder
El debate expuso las dificultades cotidianas que enfrentan los inquilinos ante la falta de regulación y el poder de negociación de grandes inmobiliarias. Muñoz recordó: “En 2017 se votó en la Legislatura porteña que la comisión en la ciudad de Buenos Aires ya no se la van a cobrar a los inquilinos, sino a los propietarios. Sin embargo, las inmobiliarias te la siguen cobrando igual, porque no te queda otra que aceptarlo”.
La presión financiera afecta especialmente a los jóvenes y familias de clase media, que atrasan su emancipación o deben compartir vivienda para reducir gastos. “Hay jóvenes que comparten habitaciones. Se alquilan camas en la ciudad de Buenos Aires. Las camas tienen precio”, describió Muñoz. Álvarez de Celis sumó: “Una persona que alquila paga entre dos y tres departamentos a lo largo de su vida”.
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