Rodrigo Paz advirtió que los intentos de desestabilización al gobierno boliviano tendrán consecuencias legales

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó el viernes que quienes intenten destruir la democracia enfrentarán a la justicia, en el contexto de protestas sociales que, según las autoridades, responden a un plan de desestabilización con presunta financiación del narcotráfico.

“Lo digo con absoluta firmeza (...) Esos que intentan, del pasado, destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”, expresó el mandatario durante una conferencia en el antiguo Palacio de Gobierno.

Paz hizo estas declaraciones tras la presentación del informe ‘Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe’, a cargo de la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del PNUD, Michelle Muschett.

El presidente, con más de seis meses en el cargo, describió el momento actual como un “cataclismo” y habló de una “ruptura” entre la visión política y democrática del siglo XX y la construcción de la convivencia y el desarrollo en Bolivia en el siglo XXI.

También expuso el “estado rentista”, la economía informal, que alcanza el 85%, y la existencia de una “pseudo democracia” con un partido único, en referencia al Movimiento al Socialismo (MAS), que encabezaron los ex presidentes Evo Morales y Luis Arce.

Según Paz, la sociedad boliviana vivió “secuestrada” por el Estado durante 25 años y ahora existen “libertades para poder desarrollar sin la tutela” estatal. “Es una suerte de ‘síndrome de Estocolmo’. Sigues buscando a tus secuestradores, cuando no es un problema de pasado, (...) sino que es un problema de convivencia”, señaló.

Paz informó que negoció durante cerca de 12 horas con los mineros cooperativistas de Potosí, reunión por la cual llegó a un acuerdo que puso fin a la movilización tras los incidentes violentos ocurridos el jueves en La Paz.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ mantienen protestas y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, al considerar que no resuelve los conflictos en el país.

Además, centenares de simpatizantes de Evo Morales avanzan hacia la sede del Gobierno y planean llegar el lunes para reclamar la dimisión del mandatario.

Por su parte, el vocero gubernamental, José Luis Gálvez, señaló que las protestas sociales estarían promovidas por el ex mandatario Morales con la intención de “romper el orden constitucional”. “Estas fuerzas oscuras quieren desestabilizar la democracia”, declaró Gálvez, quien atribuyó la planificación, financiamiento y operación del supuesto plan a la región del Chapare, bastión político y sindical de Morales en Cochabamba.

“Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, afirmó el portavoz en conferencia de prensa. Gálvez también expresó la disposición del Gobierno de Rodrigo Paz para dialogar con los sectores que presentan “demandas legítimas”.

Morales no respondió directamente a las acusaciones, pero horas antes publicó vía X que “los indignados están movidos por su conciencia social y su bronca contra un gobierno que desde el primer día traicionó a sus electores y a la patria”. Según Morales, los “miles” de manifestantes no responden a “una sola persona”.

En el ámbito internacional, ocho países latinoamericanos firmaron el viernes una declaración conjunta sobre “la situación humanitaria” en Bolivia, en el contexto de las protestas que mantuvieron paralizada la capital.

“Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, expresaron en el documento Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

(Con información de EFE)