Las empresas tecnológicas aseguran que “entraron en un limbo” y que podrían frenarse proyectos e inversiones

Si bien explican que la decisión de suspender el inicio de la Ley de Economía del Conocimiento “no fue sorpresiva” porque venían en conversaciones con el Gobierno y mantienen un buen diálogo, las empresas del sector dicen haber quedado “en un limbo” que pone en duda muchos proyectos a causa de la incertidumbre en el marco regulatorio.

“Hay un diálogo fluido, con conversaciones positivas, pero entramos en un limbo que tendrá efecto en los negocios. No vemos una intención de bloquear la ley, pero muchos proyectos entrarán en un impasse, ya que hoy no está claro cuál es el marco regulatorio”, señaló a Infobae Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, una entidad que agrupa a empresas del sector como Globant, JP Morgan, Exxon Accenture, Deloitte, Microsoft, PwC, Chevron, American Express y Oracle, entre otras.

Según explicó el directivo, el Gobierno les adelantó que no sólo cambiará la reglamentación sancionada durante el macrismo que ayer anuló, sino que también planea modificar en las sesiones extraordinarias algunos aspectos de la ley aprobada por unanimidad en el Congreso en mayo pasado. Por lo tanto, los tiempos exceden a la decisión del Ministerio de Desarrollo Productivo y se ajustarán a la impredecible agenda parlamentaria.

Mientras tanto, ya adelantaron en reuniones con el equipo del ministro Matías Kulfas que respetarán el espíritu de la ley pero que habrá cambios orientados a “aplicar los beneficios con escalas diferenciales entre las empresas pequeñas, medianas y grandes”, según explicó Galeazzi.

“No vemos el sentido de restringir los beneficios por esta vía, es algo muy discutible. Las grandes empresas son las que más contribuyen a aumentar las exportaciones y el empleo. Si la intención del Gobierno es crear trabajo, el Estado debe apoyar a todo el ecosistema, tanto grandes como chicos. ¿Por qué castigar justamente a las que más lo generan? Diferenciar entre grandes y chicas no va a ayudar”, señaló el empresario.

Otra reforma relevante en la ley que Argencon juzga negativa es eliminar la estabilidad fiscal por 10 años, un criterio que ya estaba presente en la ley de software y que significaba que a las empresas no podían aplicárseles nuevos impuestos por ese período a contar desde su registración en el régimen.

“Eliminar esa estabilidad fiscal significa perder uno de los grandes beneficios que tenía el ordenamiento jurídico argentino. Así, entramos en un limbo donde los negocios no pueden planificarse con un marco regulatorio preciso," dijo Galeazzi.

Destacó además que la actividad está firmemente orientada a la exportación de servicios, por lo que el crecimiento no implica perjuicios para otras compañías locales: “No es un cálculo de base cero, donde uno crece para que otro se achique. El crecimiento siempre apunta para los mercados externos”.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae aseguraron que “los ajustes de la reglamentación tienen que ver con los criterios específicos de encuadramiento a la ley, pero que no habrá discriminación por tamaño de empresa”. Aseguraron que se viene trabajando con las empresas y que compañías como Mercado Libre o Globant “estarán beneficiadas”.

A la vez, desde el Gobierno enfatizaron que quieren que los alcances de la ley lleguen a las compañías “estrictamente asociadas” a la tecnología y el conocimiento. De ese modo, se evitaría que alguna empresa con un desarrollo tecnológico propio, pero de baja cuantía, intente acceder a sus beneficios. Se maneja la posibilidad de que un consejo consultivo, integrado por varios organismos estatales, sea el que determine con criterios técnicos cuál empresa merece los incentivos y cuál debe quedar afuera de ellos.

Otro aspecto problemático es el perjuicio para las empresas amparadas en la ley de software, cuya vigencia terminó el 31 de diciembre último. Si bien el Gobierno le anticipó a Argencon que todos los beneficios de la futura reglamentación se sancionarán en forma retroactiva al 1° de enero, muchas compañías van a sufrir un desfase financiero, ya que gracias a la ley de Software venían recibiendo un bono fiscal al comienzo de cada mes que, está claro, no recibirán hasta que la nueva normativa esté sancionada.

“Pedimos que se cree alguna clase de puente financiero, ya que no se sabe cuándo se reanudará ese beneficio. La falta de ese bono fiscal perjudicará mucho más a las pymes que a las grandes”, señaló Galeazzi.

Al mismo tiempo, desde Argencon mencionan dos aspectos positivos de la reforma que les anticipó el Gobierno a través de la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito.

Uno es el cálculo de los beneficios en materia de contribuciones patronales. Hasta ahora, existía un mecanismo que en base a varios indicadores determinaba que había un mínimo no imponible para el sector ubicado en los salarios de aproximadamente $50.000. El Gobierno planea simplificar ese esquema otorgando un bono fiscal por el 70% de la masa salarial de las empresas incluidas. Ese bono, además, podrá ser transferible, lo que facilita su utilización.

Por otro lado, en la reforma se planea liberar a las empresas dedicadas a la investigación y desarrollo del requisito planteado en la ley de tener el 70% de su facturación en la actividad para poder incorporarse al régimen. La decisión, auguran en Argencon, permitirá incorporar a muchas compañías de I+D que habían quedado fuera por ese motivo.

Asimismo, otro protagonista clave en la discusión es Mercado Libre, que no pertenece a Argencon. La empresa fundada por Marcos Galperín asegura que dará batalla en todos los terrenos para que su actividad no se vea afectada por los cambios en su marco regulatorio. Pocos días atrás se conoció una decisión del Banco Central de regular a las fintech, la que impacta en forma directa sobre su brazo financiero, Mercado Pago.

Desde otra entidad que participa de las conversaciones con el Gobierno, la Cámara Argentina de la Industria del Software (CESSI), señalaron que esos encuentros tienen como objetivo “impulsar las reglamentaciones que fomenten la competitividad, la generación de empleo y la transformación productiva, sin importar el tamaño de nuestras empresas representadas”.

“Sin excepciones, todas las empresas del sector, startups, pymes y grandes compañías contribuirán al desarrollo de un país inclusivo y federal, por lo que es importante seguir defendiendo la industria, la cual posee un amplio potencial para nuestros trabajadores”, señaló la CESSI a través de un comunicado.

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