La Secretaría de Financiamiento registró en noviembre último un incremento de las obligaciones bajo legislación nacional en USD 1.301 millones, a USD 169.250 millones, mientras que las contraídas bajo ley extranjera, que implica que en caso de litigio por incumplimiento queda sometida a tribunales fuera del país, se redujo en USD 492 millones, a USD 142.037 millones.
La síntesis estadística publicada en la página de internet del organismo que ahora conduce el ministro Martín Guzmán dio cuenta de que el entonces secretario Santiago Bausili obtuvo en su último mes completo en funciones financiamiento de diversas por USD 4.892 millones, el cual fue utilizado para cancelar vencimientos por USD 4.742 millones, de ahí surgió un incremento neto real de USD 150 millones.
Pero la variación total se agrandó a USD 809 millones, pese a que la devaluación del peso durante noviembre posibilitó “licuar” deuda en su equivalente en moneda extranjera en USD 557 millones; porque por la alta inflación del mes acrecentó el valor de los créditos emitidos con cláusula CER en el equivalente a USD 929 millones; y otros USD 289 millones se agregaron por la capitalización, acumulación de intereses, de los Bonos del Canje, Préstamos Garantizados, Pagaré Banco Nación, Bocones y otros.
Mientras que el “ajuste de valuación sobre deuda no presentada al canje de 2016” fue negativo, produjo un ahorro de USD 8 millones.
El endeudamiento asumido por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, como prestamista de última instancia, que desde junio de 2018 llegó a desembolsar unos USD 45.700 millones de los USD 57.000 ampliados en septiembre de ese año, llevó a que los compromisos asumidos con el conjunto de los organismos internacionales se elevó a casi un cuarto del total.
En términos de tasas de interés, la estructura de los compromisos pendientes por el Estado nacional se desagregó en 51% con costo fijo; 36% variable y 10% a tasa cero, como impera en la mayor parte de los grandes países desarrollados.
Mientras que por tipo de moneda se observa un claro predominio de la nominada en dólares, casi tres cuartas partes; 18% en Derechos Especiales de Giro, que es la divisa que utiliza para sus cuentas el Fondo Monetario Internacional; 9% en Euros, y menos de 1% en yenes.
Y por grado de maduración el 94% vence en el mediano y largo plazo; en tanto que apenas 5% hay que honrarla antes de un año; pero dado el estrés de las finanzas públicas, y en particular la pérdida de confianza de los inversores locales y externos desde el resultado de las PASO, llevaron al ex ministro Hernán Lacunza a disponer el “reperfilamiento” de la deuda, eufemismo por default técnico, no generalizado, que catapultó el índice de riesgo país a más de 2.000 puntos básicos, equivalente a una sobre tasa de 20% anual en dólares, casi 10 veces más alta de la que el mercado le exige a los vecinos Brasil, Uruguay o Chile.
Dinámica de los compromisos en el cuatrienio
Al momento de la asunción del Gobierno de Cambiemos la deuda pública total, interna y externa era equivalente a USD 222.700 millones, de la cual sólo 28,5% estaba contraída con el resto del mundo, por efecto del cierre del mercado que impuso la extensión del default parcial decretado a fines de 2001, y que no se pudo cerrar en sendos canjes de 2005 y 2010; y la acumulación de atrasos no registrados por el cepo cambiario.
Cuatro años después el total de compromisos, con la regulación de pagos a bonistas, el cierre del default, y el financiamiento del déficit fiscal total, incluido el pago de intereses de la deuda, el saldo total llegó a crecer hasta un pico de USD 334.800 millones en junio de 2019, y a partir de ahí se registró una cancelación neta, más el efecto positivo de la devaluación del peso, equivalente a unos USD 23.500 millones, y terminar noviembre con un saldo provisorio de USD 311.287 millones.
De ahí surgió un aumento total en los cuatro años de Gobierno de USD 88.587 millones, a un ritmo de USD 22.147 millones por año, producto fundamentalmente de la persistencia de un déficit fiscal financiero, y en menor medida del financiamiento de obras públicas.
Ahora el nuevo gobierno se propuso avanzar en la sustentabilidad de las cuentas públicas y limitar el endeudamiento a lo mínimo necesario, por lo que para honrar el compromiso de campaña de “poner plata en los bolsillos” decidió una nueva ronda impuestos, comenzando por la suba de las retenciones a las exportaciones del campo, y también a las compras con dólares a través del uso de tarjetas de crédito y débito; mientras estudia otras medidas, como la suba de las alícuotas para los Bienes Personales; y cambios en el Impuesto a la Renta Financiera.
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