El Gobierno anunció que se volverá a concesionar el ex Paseo de la Infanta, el emblemático predio de 36.000 metros cuadrados de superficie, ubicado bajo el puente ferroviario, a pocos metros del Rosedal de Palermo.
El predio estaba siendo hasta ahora administrado por la empresa Panter, que tenía la concesión desde 1993, pero operaba con un contrato vencido. Según explicaron desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), los locales ubicados en el lugar era explotados de "manera irregular".
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"Los locatarios actuales continuarán con sus actividades hasta abril de 2020. Paralelamente, se realizará una nueva licitación pública, transparente, abierta y competitiva de todo el predio", explicaron a través de un comunicado.
La historia de la concesión comenzó hace 26 años, cuando fue otorgado a la empresa Panter a través de un contrato con Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima. En diciembre de 2010, la entonces Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF SE) —que ya no existe— prorrogó esa explotación hasta abril de 2018. Desde entonces, el contrato se encontraba vencido.
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El alquiler mensual establecido en 2010 y que la empresa Panter pagó hasta abril de 2018 fue de $55.000 mensuales, según detallaron desde la Aabe. "A pesar de esto, la misma empresa recibía por los subalquileres a los locales que allí funcionan actualmente una suma de casi $1,5 millones", precisaron desde el organismo.
A pesar de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó que el valor del nuevo canon mensual era de $923.900, la empresa siguió abonando un monto muy inferior e incluso con el contrato vencido, pero recibiendo como ingresos una suma de $1.405.945,94 mensuales por los 15 subcontratos que tenía.
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A partir del miércoles, y luego de varios intentos de negociaciones e intimaciones, la Aabe recuperó la tenencia del predio. Ahora, la propuesta es realizar una nueva licitación pública y abierta de todo el predio. Sin embargo, los locales que actualmente funcionan en ese espacio —hay restaurantes, cafés y hamburgueserías— continuarán con su actividad, ya que firmaron convenios que les reconocen sus condiciones (montos y plazos) de contratos de alquiler originales.
Está previsto que esos contratos sigan vigentes hasta abril de 2020, pero a partir de ahora será el Estado el que perciba esos ingresos.
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