El Salvador aprobó una reforma que otorga representación legislativa a los salvadoreños en el exterior, pero aún no ha regulado los aspectos clave para garantizar una participación efectiva de la diáspora, según reportó el Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana en su más reciente informe.
A pesar de la reforma constitucional al artículo 79 y la asignación de seis escaños en la Asamblea Legislativa para ciudadanos fuera del país, el estudio advierte sobre importantes vacíos en la normativa y la logística electoral.
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La reforma, ratificada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en abril de 2026, estableció una circunscripción especial para la diáspora, extrayendo los nuevos escaños de los departamentos de San Salvador y La Libertad.
A juicio de Acción Ciudadana, si bien el país reconoce políticamente a sus ciudadanos en el exterior, no se ha definido cómo se implementará esta representación en la práctica.
El informe, difundido por el Centro de Monitoreo Político, detalla que persisten interrogantes sobre los requisitos de residencia para candidatos, la modalidad de participación en plenarias y comisiones, y la organización de campañas y votaciones en el extranjero.
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El documento, titulado “Representación legislativa de ciudadanos en el exterior. Análisis comparado”, comparó el caso salvadoreño con la experiencia de países como Colombia, Ecuador, República Dominicana, Francia, Italia, Portugal, Rumania y Croacia, identificando patrones y desafíos comunes para la representación de la diáspora.
Uno de los puntos destacados en el informe de Acción Ciudadana es que la mayoría de los países evaluados han optado por circunscripciones específicas que agrupan a los migrantes por regiones geográficas amplias.
Además, casi todos exigen residencia comprobada en el extranjero para quienes se postulan como candidatos por la circunscripción exterior, un requisito que El Salvador aún no ha incorporado y que, según el estudio, podría afectar la autenticidad de la representación.
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La integración de los diputados electos en el exterior al trabajo parlamentario ordinario también plantea desafíos para El Salvador, ya que no se ha regulado si su participación será presencial o remota. En otros países, los legisladores de la diáspora suelen gozar de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales, sumándose plenamente a las sesiones y comisiones.
El informe advierte que la falta de definición sobre este punto podría dificultar la defensa de los intereses de los migrantes y su integración a la labor legislativa.
Otro reto señalado es la baja participación electoral registrada históricamente entre los migrantes. Según datos recogidos por el Centro de Monitoreo Político, factores como la dispersión geográfica, la escasa información y los obstáculos logísticos suelen limitar la movilización de votantes en el exterior, incluso cuando existen escaños transnacionales.
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En materia de proporcionalidad, El Salvador asignó a la diáspora una relación de aproximadamente 417,000 electores por diputado, cifra que el informe compara con los modelos de Ecuador y República Dominicana. No obstante, el estudio subraya la ausencia de un criterio matemático claro para la reasignación de escaños y la estandarización de la circunscripción exterior en la legislación salvadoreña.
La ausencia de una exigencia de residencia en el extranjero para las candidaturas abre la posibilidad de que políticos en territorio nacional busquen estos escaños por menor competencia, desdibujando la representatividad genuina de la diáspora, advierte el informe de Acción Ciudadana. Además, la falta de definiciones sobre la modalidad de participación de los futuros diputados electos en el exterior refleja la urgencia de normar estos aspectos antes de los próximos comicios.
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En sus recomendaciones, el informe plantea que la reforma debe complementarse con normas claras sobre los requisitos de postulación, la modalidad de presencia —física o remota— en el parlamento, y la logística electoral que facilite el acceso y la información a los salvadoreños en el extranjero.
De no hacerlo, concluye el Centro de Monitoreo Político, existe el riesgo de que la reforma quede como un mecanismo formal, sin impacto real en la representación política transnacional.
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