El encuentro del Consejo Federal de Energía (CFE) que se llevará a cabo esta tarde en el Palacio de Hacienda será el ámbito en el que se discutirán alternativas sobre cómo implementar los ajustes tarifarios en gas y electricidad. La intención por parte del gobierno nacional es presentar su propuesta de "compartir" el costo de la tarifa social.
Durante el encuentro, que tendrá un trasfondo más político que técnico, el Gobierno les planteará a los 20 representantes provinciales (La Pampa, San Luis, Misiones y Santiago del Estero no forman parte del CFE) el plan oficial por el cual se retrotrae la tarifa social que hoy tienen casi 2 millones de usuarios a noviembre de 2017, si los distritos absorben el 50% del costo que eso implica.
Esta opción le permitiría al Gobierno mantener intacto el recorte en gasto público que la quita de subsidios energéticos implica, estimado en $150 millones, aliando a los 20 gobernadores al distribuir el costo total.
La posibilidad de una participación provincial ya había sido planteada en reuniones internas de Cambiemos durante la semana, y cuenta con el apoyo de algunos gobernadores del oficialismo.
Empezar a tocar las facturas alcanzadas por la tarifa social no es algo que les resulte cómodo a las provincias: varias de ellas tienen a cerca de un quinto de la red bajo el plan. San Juan, por ejemplo, tiene el 26% de su red bajo el sistema de tarifa social, mientras que en Santa Fe ese número es del 17 por ciento.
La insistencia del Gobierno en continuar con los aumentos se basa en un número que circula siempre que surge la cuestión tarifaria: 30%. Es lo que estiman desde el oficialismo como la proporción promedio de la boleta que corresponde a carga tributaria, y por lo tanto corresponde que las provincias compartan en parte el esfuerzo de recomponer los costos. Por ejemplo, en Buenos Aires hay dos impuestos que suman 15,5% en la factura de luz.
Alternativas provinciales
Del otro lado de la mesa se espera que Aranguren no encuentre solo críticas, sino también alternativas. Entre ellas, un posibilidad que se baraja es la nacionalización de la experiencia mediterránea con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ordenando a las distribuidoras de gas que dejen de facturar en sus boletas las tasas que cobran los municipios del país.
El problema principal con esa sugerencia es la pérdida importante de recaudación impositiva que eso implica, tanto para los municipios como para las provincias y para el Estado nacional, ya que el aumento de tarifas no fue acompañado con una merma del componente de impuestos que tiene el precio.
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