Foto: Archivo DEF.
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La refinadora y distribuidora de combustibles Citgo, con sede en Houston (Texas), es vital en el actual esquema financiero de Venezuela. Adquirida por PDVSA entre 1986 y 1990, cuando se hizo con el 100 % del paquete accionario, es actualmente la quinta mayor empresa independiente del sector dentro de EE.UU., con una capacidad de procesamiento de 750.000 barriles diarios. Es propietaria de tres refinerías: Lake Charles (Louisiana), Lemont (Illinois) y Corpus Christi (Texas), y da empleo 3400 personas.

Citgo es fundamental para Venezuela, ya que, por un lado, aporta los diluyentes necesarios para el tratamiento del crudo extrapesado extraído de la Faja del Orinoco, y, por otro, sus refinerías son de las pocas capaces de procesar ese crudo, que luego es distribuido en el mercado estadounidense o refinado para la venta en sus estaciones de servicio distribuidas en el territorio de EE. UU.

Sin embargo, la política de nacionalizaciones de la última década terminó por convertirse en un dolor de cabeza para Citgo. En diciembre del año pasado, el gobierno de Maduro debió avenirse a un arreglo con la empresa canadiense Crystallex que, previamente, había obtenido de la justicia estadounidense una orden de incautación de acciones de Citgo, en el marco de un reclamo por la nacionalización del proyecto minero "Las Cristinas".

Foto: Archivo DEF.
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Lo mismo había intentado antes la petrolera ConocoPhillips, que amenazó con ir sobre los activos de Citgo para cobrarse una demanda internacional por la nacionalización de sus activos en la Faja del Orinoco en 2007. En febrero de este año, fue el turno de la empresa fabricante de envases de vidrio Owens-Illinois, que pretendió cobrar un arbitraje por 500 millones de dólares por la nacionalización en 2010 de sus dos plantas en Venezuela. El argumento invariable es que PDVSA y Citgo son "alter egos y meros instrumentos de Venezuela" y deben responder con sus bienes por juicios que afectan al Estado venezolano.

Cabe señalar, además, que los bonos nominados en dólares de PDVSA, con vencimiento en 2020, tienen una garantía prendaria sobre el 50,1 % de las acciones de Citgo. Y, desde 2016, la petrolera rusa Rosneft cuenta con una garantía sobre el 49,9 % del paquete accionario de Citgo por un préstamo de 1500 millones de dólares concedido al Estado venezolano.

La política de nacionalizaciones de la última década se ha convertido en un dolor de cabeza para Citgo, dada la catarata de demandas de empresas afectadas que buscan apropiarse de sus activos

La última gran tormenta se desató en enero de este año, cuando, en el marco de las sanciones del gobierno de EE. UU. al gobierno de Maduro, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, anunció el bloqueo de 7000 millones de dólares en activos de Citgo en territorio estadounidense.

Si bien la empresa podrá continuar sus operaciones, sus ganancias quedarán depositadas en una cuenta bloqueada en territorio estadounidense controlada por la Asamblea Nacional. Esta última institución, ante la cual Juan Guaidó se proclamó "presidente encargado" el pasado 23 de enero, acaba de designar una nueva Junta Directiva que debería reemplazar a la que comandaba Asdrúbal Chávez, quien nunca pudo instalarse en la sede de la compañía en EE. UU., dada la revocación de su visa por parte del Departamento de Estado. El hermano de Hugo Chávez había sustituido en el cargo a José Pereira Ruimwyk, detenido en Caracas en noviembre de 2017, junto a cinco exvicepresidentes de la empresa por orden del fiscal general Tarek William Saab bajo cargos de corrupción y traición a la patria.

Foto: Archivo DEF.
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La nueva Junta Directiva de Citgo, que responde al gobierno de Guaidó, está conformada por Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser. "La nueva Directiva estará conformada por venezolanos capaces, libres de corrupción y sin afiliación partidista. Además, tendremos la primera mujer en ocupar un cargo de esta naturaleza en nuestra industria petrolera", afirmó Guaidó, al realizar el anuncio. La nueva titular de Citgo, Luisa Palacios, es comunicadora social egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y cuenta con un posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, así como una maestría en Política Económica Internacional de la Universidad de Columbia. Desde 2007 se venía desempeñando como investigadora principal para América Latina de la consultora Medley Global Advisors.

Por su parte, el gobierno de Maduro consideró que la decisión es "jurídicamente nula" por haber sido tomada por una Asamblea Nacional considerada "en desacato" por el Tribunal Supremo de Justicia, que responde al chavismo. En ese sentido, el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, denunció que el gobierno de Donald Trump "está haciendo prácticamente una expropiación" de la empresa. "Es un robo que quieran que vendamos crudo y nos paguen a una cuenta a la que no tenemos acceso", denunció este funcionario fiel a Maduro, que parece haber perdido una de las últimas fuentes de dinero fresco con los que contaba.