Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volverá al Perú en enero

A través de sus redes sociales, la Cancillería peruana anunció que formalizó una invitación a una misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que culmine sus labores en el país.

Esto como complemento a la visita técnica que realizó la delegación internacional del 20 al 22 de diciembre pasado para verificar el cumplimiento de compromisos internacionales de derechos humanos por parte del Estado peruano.

La presencia de la misión se debió a las más de 20 muertes y centenares de heridos que se reportaron en las protestas por todo el país que exigían la salida de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y el adelanto de elecciones.

“El Perú ha formalizado una invitación a una misión de alto nivel de la CIDH para que, en base al trabajo realizado en la visita técnica del 20 al 22 de diciembre, culmine sus labores, con la plena colaboración de las autoridades peruanas”, tuiteó la Cancillería.

Entre sus tantas reuniones, la comisión sostuvo una el pasado 20 de diciembre con la presidenta Boluarte en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Además, la reunión contó con la participación de Ana Cecilia Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores; y José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos.

De parte del CIDH, estuvieron presentes Tania Reneaum, Secretaria Ejecutiva de la CID; María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo; y Miguel Mesquita, coordinador de Monitoreo.

La mandataria indicó a la delegación que es sumamente importante realizar el adelanto de elecciones generales en el 2023, aunque el Congreso debía definir la viabilidad de esa propuesta.

La delegación de la CIDH mantuvo reuniones tanto en Lima como en otras zonas del país, con autoridades estatales y organizaciones, para recibir información sobre la crisis institucional y protestas en regiones.

Las protestas en el Perú iniciaron el pasado miércoles siete de diciembre, tras la juramentación de Boluarte como presidente de la república, y dejó diversas carreteras bloqueadas, saqueos, destrucción a la propiedad pública y privada y toma de aeropuertos.

Según información de la Defensoría del Pueblo, se reportan al menos 28 fallecidos en provincias como Ayacucho, donde se denunció un uso de la fuerza de manera desproporcionada. La oficina de la Defensoría del Pueblo de esa región condenó “enérgicamente el uso de la violencia de parte de algunas personas que participaron en las acciones de protesta”.

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