Es imposible que Castillo cierre el Congreso ante un segundo rechazo a voto de confianza, declara presidente del TC

Francisco Morales indicó que el cierre del Parlamento sería inviable debido al “tema de fondo”, es decir, “quién interpreta” o “quién tiene la competencia para decidir si es que hay una denegación de la cuestión de confianza”

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Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional (TC), remarcó este martes que el presidente Pedro Castillo está imposibilitado de cerrar el Parlamento, si se rechaza una eventual segunda cuestión de confianza tras la elevada por el expremier Aníbal Torres a mediados de noviembre.

De acuerdo a la Constitución, el jefe de Estado está facultado a cerrar el Parlamento en el caso de que el pleno le niegue el voto de confianza en dos ocasiones consecutivas. El gobierno de Castillo ha asumido que la primera solicitud fue rechazada, con lo cual necesitaría solo una segunda negativa.

Sin embargo, Castillo no podría ejecutar la medida “porque están suspendidos los efectos” hasta que el TC resuelva “el tema de fondo”, es decir, “quién interpreta, quién tiene la competencia para decidir si es que hay una denegación de la cuestión de confianza para los efectos del artículo 134, porque ese es el tema de fondo allí, la disolución del Congreso”, dijo Morales Saravia en una entrevista con El Comercio.

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Aunque la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, ha negado que vaya a pedir al Congreso una segunda cuestión o voto de confianza, el magistrado indicó que en caso se denegara una nueva solicitud “no se podría computar la primera”, pues “en términos de la decisión del TC de la medida cautelar (...) esa no se computa”.

“La historia nos enseña que la situación de la denegatoria de confianza para los efectos del artículo 134 (de la Constitución) que es el que permite disolver constitucionalmente el Congreso, eso nunca se había dado. Solo se dio en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. (...) Si va a haber una disolución, tiene que ser constitucional y por eso es que hemos dicho, un momento, hasta que resolvamos esta controversia, se evaluará”, continuó.

Francisco Morales Saravia, quién es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional.
Foto: Agencia Andina/Carla Patiño Ramírez
Francisco Morales Saravia, quién es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Foto: Agencia Andina/Carla Patiño Ramírez

Betssy Chávez ha indicado previamente que el Ejecutivo no desea “ni cierre (del Congreso), ni vacancia (presidencial)”, después de que una nueva moción de destitución de Castillo se presentó el martes ante el Legislativo por “permanente incapacidad moral”.

Se trata del quinto en 16 meses de gobierno, en los que ha enfrentado dos intentos de destitución desde el Parlamento y seis investigaciones judiciales por parte de la Fiscalía peruana por presunta corrupción.

Chávez es parlamentaria del bloque de partido de izquierda que apoya a Castillo y es una aliada política del mandatario. Ha sido ministra de Trabajo desde octubre de 2021 hasta mayo de 2022, cuando dejó el cargo tras ser censurada por el Congreso. Posteriormente, fue designada ministra de Cultura en agosto pasado, cargo que ha ocupado hasta la fecha.

Primer pedido de confianza

En noviembre, el exprimer ministro Aníbal Torres presentó una cuestión de confianza para que se apruebe un proyecto del Ejecutivo que pide derogar una norma que limita los derechos de participación y control de la ciudadanía, mediante referéndum, en las reformas constitucionales.

Torres dijo que el proyecto del Gobierno “restablece la participación política del pueblo” mediante la eliminación de los límites al referéndum que establece la Ley 31399 y, por ese motivo, plantea una “cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros”.

El expremier expuso los fundamentos del proyecto y su “necesidad para la viabilidad política del gobierno”, ya que consideró que la ley existente “desnaturalizó uno de los derechos más relevantes” de la Constitución, que es la posibilidad de convocar a un referéndum como “una de las bases del estado democrático de derecho”.

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