El abogado Alberto Cruces, Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, lamentó la decisión que ha tomado el Gobierno de presentar al Congreso el proyecto de ley que sanciona la difusión de información reservada en una investigación penal, pues señaló que es un riesgo para la libertad de información.
En entrevista con RPP Noticias, el abogado recordó que anteriormente la Defensoría del Pueblo ya había solicitado al Gobierno que descarte la presentación del proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal y que, de acuerdo con la institución, tendría consecuencias en la libertad de expresión y en el derecho a la información de la ciudadanía.
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Asimismo, el representante de la Defensoría del Pueblo comentó que sancionar a quien revele información sobre investigaciones fiscales que sea de interés público “genera un efecto de bola de nieve”, ya que por proteger principios relacionados con el proceso penal, se priva a la población de conocer detalles respecto al caso.
El funcionario dijo esperar que esta institución pueda ser parte de los debates que se llevarán a cabo dentro del Congreso de la República luego de que el Poder Ejecutivo presentara esta iniciativa. Por otro lado, agregó que en la evaluación de esta propuesta también debería convocarse a representantes de gremios periodísticos e incluso instituciones extranjeras.
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Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo calificó de “irrazonable” la eventual aprobación de esta propuesta debido a que “busca inhibir” la labor colaborativa de quienes dan información importante a los periodistas, con lo cual se afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.
PROYECTO DE LEY
Este miércoles, el Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que plantea que cualquiera de las partes comprendidas en una investigación fiscal que comparta información reservada, será sancionado con pena privativa de la libertad.
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Semanas atrás, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reveló que presentarían ante el Congreso dicho proyecto de ley y precisó que la sanción sería de cuatro años de prisión.
Este proyecto de ley fue anunciado con anticipación por el ministro de Justicia, Félix Chero, quien aseguró que con la medida se tiene el objetivo de “proteger” la presunción de inocencia de los investigados implicados.
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