Qué pasará tras la declaración de la independencia de Cataluña

Llegó el día más temido por toda España. El Parlament acaba de proclamar de forma unilateral la independencia de Cataluña. La declaración impulsada por los legisladores de Junts pel Sí y la CUP resolvió "constituir la República catalana como un estado independiente, y soberano, de derecho, democrático y social".

Al mismo tiempo, en Madrid, el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención en Cataluña para evitar la secesión. Podría implicar la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el posterior llamado a elecciones.

El panorama es muy complicado para los secesionistas. Además de las múltiples barreras legales que deben afrontar, y de la resistencia del gobierno español, también han sido penalizados por el mercado. Los dos principales bancos de Cataluña, el CaixaBank y el Sabadell, fueron los primeros en anunciar el traslado de sus sedes a otras regiones de España. Los siguieron miles de empresas.

En este escenario tan brumoso quedan múltiples interrogantes. Por un lado, cómo piensa ejecutar el Govern su plan secesionista y qué posibilidad real tendrá de materializarlo. Por otro, cómo actuará Madrid ahora que cuenta con la herramienta del 155.

La independencia de Cataluña, bajada a la realidad

El politólogo Pablo Simon, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, dijo a Infobae que "la proclamación unilateral de la independencia de forma inmediata tendría muchos problemas operativos porque implicaría tomar el control de la Policía y de las fronteras, y eso no ha ocurrido nunca sin violencia". Otro escenario es que la declaración de independencia sea más simbólica que concreta, y que no se tome ninguna medida para llevarla a la práctica.

Ninguna de estas posibilidades está exenta de graves consecuencias. Evidentemente, la más preocupante sería la primera, una separación que pretenda hacerse efectiva inmediatamente, como quiere la CUP, el aliado más radicalizado de Puigdemont. El problema es que España se vería prácticamente obligada a intervenir por la fuerza. La alternativa de una declaración más simbólica tampoco estaría exenta de inconvenientes, ya que algo tendría que hacer Madrid, pero sería un desafío más fácil de encauzar sin violencia.

"Este escenario plantea serias dudas acerca de si las instituciones catalanas tienen capacidad real de mantener el control sobre el territorio. En mi opinión, no. Después de que el Gobierno español haya mostrado su lado más violento y atendiendo a la ocupación policial con más de 10.000 agentes, y a la militancia pacifista que por el momento están teniendo las movilizaciones soberanistas, nada hace pensar que ese control pueda hacerse efectivo", explicó Roger López Ayala, profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona, consultado por Infobae.

Por otro lado, el requisito fundamental para ser un país independiente es ser reconocido como tal por otros. En este momento, no hay posibilidades de que algún Estado relevante de la región esté dispuesto a aceptar a Cataluña como un par. Esto haría aún más difícil llevar a la práctica cualquier intento de secesión.

"La Unión Europea (UE) la trataría como un interlocutor no válido, lo que desataría un problema de negociación internacional. Además, el gobierno español le cortaría cualquier tipo de financiación", dijo a Infobae Gema Sánchez Medero, profesora de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid.

Las posibles respuestas de Madrid

Lo que en el fondo hace difícil imaginar que Cataluña consiga llevar a la práctica el plan ordenado por el Parlament es que España no está dispuesta a permitirlo. Y la diferencia de recursos institucionales, políticos y económicos entre los dos estados es demasiado grande.

"Tras los episodios del pasado 1 de octubre, el Gobierno ha dejado en claro cuál será el tono de su gestión del conflicto: legalidad por la fuerza —dijo López Ayala—. En realidad, más fuerza que legalidad, dado que las actuaciones de las semanas previas y posteriores al domingo de votación (del referéndum) quedan enmarcadas en un dudoso respeto a las garantías institucionales más básicas que se desprenden del respeto a los derechos fundamentales o a la separación de poderes".

Con la aprobación del artículo 155 de la Constitución española, el gobierno central obtuvo la potestad para intervenir en la comunidad autónoma. Pero aún no está claro cuán a fondo estará dispuesto a ir en su ejecución.

"La cuestión es si se atreverán a ir más allá y a imponer un gobierno transicional hasta que se convoque a elecciones —dijo Sánchez Medero—. Eso implicaría detener al presidente de la Generalitat y a los miembros de su gobierno. Esas son algunas de las opciones que se están barajando, el punto es hasta dónde llegar".

La decisión no es sencilla para Rajoy. Las imágenes de la represión policial durante el referéndum recorrieron el mundo y fueron muy criticadas. Cuanto más radical sea su intervención en Cataluña, más fuerte será la reacción y, por ende, los riesgos de quedar deslegitimado ante la comunidad internacional.

Jordi Matas, director del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, no es demasiado optimista. "Si son capaces de llegar a los límites del 1 de octubre, uno imagina que pueden hacer cualquier cosa. Por tanto, no descarto el encarcelamiento de los representantes políticos catalanes, y una mayor represión popular, que incluya también la persecución de los medios de comunicación y de muchos otros derechos y libertades. Pero tampoco descarto que el pueblo de Cataluña siga en pie, protestando", sostuvo en diálogo con Infobae.

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