
El sargento retirado Alexander Chala Sáenz presentó una nueva denuncia pública en la que pidió a las autoridades verificar la presunta contratación de una asesora jurídica que no tendría acreditada su inscripción como abogada en dos unidades del Ejército Nacional de Colombia.
La denuncia, difundida el 19 de noviembre de 2026, menciona dos contratos suscritos entre 2024 y 2026 con Jessica Martínez Hernández por un aparente valor conjunto superior a $62 millones.
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El militar retirado solicitó indagaciones de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Inspección General del Ejército frente a este caso.
De acuerdo con el sustento documental que publicó el sargento retirado, el primer contrato citado es el 038-BASPC11-2024, suscrito por el Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate N.º 11, con sede en Montería. Según el documento referido en la denuncia, el acuerdo tuvo un valor de $19 millones y contempló la prestación de servicios de asesoría jurídica en asuntos disciplinarios.

En esa contratación, la persona vinculada habría sido identificada como titular de una “licencia temporal”. El entonces comandante y ordenador del gasto, teniente coronel Javier Andrés Martínez Chamorro, aparece como firmante del contrato, de acuerdo con la información difundida.
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El segundo proceso corresponde al contrato 038-CENACUSAQUEN-2026, firmado el 28 de enero de 2026 por la Central Administrativa y Contable de Usaquén para apoyar jurídicamente al Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.º 13.
El valor de ese contrato asciende a $43.291.500 y su ejecución está prevista entre el 2 de febrero y el 15 de diciembre de 2026. Entre las labores descritas figuran el acompañamiento en procesos disciplinarios y administrativos, además de la respuesta a acciones constitucionales.

Certificados citados cuestionan la habilitación profesional atribuida a la contratista
El sargento retirado Chala indicó que tuvo conocimiento de que la Unidad de Registro Nacional de Abogados expidió, el 19 de noviembre, el certificado N.º 1438404, en el que constaría que el número de cédula consignado en los dos contratos no figura inscrito en el registro de abogados.
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La denuncia también hace referencia a una consulta ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, identificada con el certificado N.º 20261119-2831029. Según esa versión, el número de una licencia temporal y la Resolución 35463 del Consejo Superior de la Judicatura, incluidos en los documentos contractuales, corresponderían a otra persona.
De confirmarse esa información, los documentos citados no acreditarían que la contratista tuviera la habilitación profesional exigida para ejercer como abogada. Esa verificación corresponde a las autoridades y a las entidades que expidieron los certificados mencionados.

El denunciante agregó que un diploma atribuido a Martínez Hernández, expedido por la Universidad Popular del Cesar en julio de 2023, tendría una inconsistencia en una de sus líneas de identificación. Chala aclaró que ese punto, por sí solo, no demuestra una irregularidad y debe ser verificado directamente con la institución educativa.
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La denuncia pide revisar los controles previos y la supervisión de los contratos
En el contrato de Montería, la información divulgada señala como supervisor al mayor Manuel Andrés Navia Roa, entonces ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate N.º 11. También menciona al coronel Rodrigo Castro Díaz como gerente del proyecto.

Para el contrato suscrito en 2026, el denunciante identifica al teniente coronel John Alexander García Sánchez, director y ordenador del gasto de la Central Administrativa y Contable de Usaquén, como firmante. El mayor Edwin Javier Reyes Ferreira aparece señalado como supervisor, en su condición de ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.º 13.
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Chala solicitó que se establezca si, antes de la celebración y durante la ejecución de los contratos, hubo una verificación suficiente de los requisitos profesionales de la contratista y de los soportes aportados.
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