Mariano Rajoy pidió al Senado español la autorización para destituir al presidente catalán y convocar elecciones regionales

Comenzó este viernes en el Senado español una sesión extraordinaria para intervenir la autonomía regional catalana, cuyo parlamento está a un paso de declarar la independencia, un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles.

Durante su intervención, el jefe del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, pidió este viernes al Senado autorización para destituir al presidente regional catalán Carles Puigdemont y a todo su equipo, para frenar su proyecto independentista.

Pido "proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros" del ejecutivo regional, dijo Rajoy, provocando aplausos del hemiciclo. Igualmente pidió potestad para disolver el Parlamento catalán, a fin de convocar elecciones regionales en un plazo máximo de seis meses.

Sin un giro político inesperado de última hora, España y Cataluña entrarán en una situación política inédita en su historia democrática.

El Partido Popular (PP, conservador) de Rajoy tiene la mayoría absoluta en el Senado. Además, Rajoy tiene en principio asegurado el apoyo del opositor partido socialista (PSOE) y del liberal Ciudadanos.

"Estamos ante una violación palmaria de las leyes, y por tanto de la democracia y los derechos de todos, y todo esto, señorías, tiene consecuencias" advirtió Rajoy.

El Senado debe aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, nunca utilizado en la práctica, que permite suspender la autonomía de una región en interés de la unidad o del bienestar del conjunto del país.

La región, que fue junto al País Vasco la primera en recobrar el derecho a la autonomía en España tras el retorno de la democracia, perderá cautelarmente su autogobierno.

De aprobarse las medidas que pide el gobierno conservador de Mariano Rajoy, Cataluña verá su gobierno destituido, su parlamento intervenido y sus instituciones controladas por el ejecutivo central.

"Tenemos que rescatar a Cataluña" afirmó más temprano la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, ante el desafío independentista, que en los últimos días cayó además en una enorme confusión política.

Ayer se especuló todo el día con la posibilidad de que el Ejecutivo catalán convocara elecciones autonómicas como una solución para que no se aplicaran las medidas propuestas por Rajoy, amparándose en el artículo 155 de la Constitución.

Pero finalmente, Puigdemont no convocó los comicios y dejó en manos del Parlamento catalán, decidir hoy si declara o no la independencia, amparándose en los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Una enmienda del PSOE, la única aceptada por el gubernamental Partido Popular (PP, centroderecha) plantea la posibilidad de que se apliquen gradualmente las medidas propuestas por el Gobierno central si a su vez los independentistas catalanes modulan sus aspiraciones y no declaran unilateralmente la independencia.

Los socialistas, según su portavoz en el Senado, Ander Gil, esperan que su propuesta "sirva de puente" para una "solución de última hora".

Fuentes gubernamentales de ambos lados confirmaron a la AFP que hubo mediaciones de actores políticos y empresarios hasta el último minuto.

Las posibilidades de una marcha atrás son escasas, coincidieron esas fuentes.

En el parlamento catalán, el plenario, que arrancó el jueves, se reanuda a las 12H00 (10H00 GMT), y podría intervenir Puigdemont.

El simbólico "choque de trenes" de ambas cámaras coincidiría durante la jornada.

Debilitado por las presiones de todos los lados, Puigdemont, de 54 años, un ex alcalde de arraigadas convicciones independentistas, prefirió no convocar comicios y devolver la palabra al parlamento catalán.

Según Puigdemont, el parlamento es el "depositario" del resultado del polémico referéndum del pasado 1 de octubre, en el que una mayoría aplastante del 90% dijo sí a la secesión.

Ese referéndum fue declarado inconstitucional por la justicia, y la intervención del gobierno central impidió que se realizara con garantías.

El proyecto independentista divide además en dos a la sociedad catalana, y menos de la mitad de sus electores acudió a las urnas.

Tras la consulta, Puigdemont dijo en el parlamento que el "mandato popular" era claro: aprobar la independencia. Luego suspendió esa declaración, para intentar negociar sus términos con Madrid.

Por su parte, el gobierno de Rajoy logró el consenso con la mayoría de la oposición (socialistas y liberales) para atajar ese desafío mediante la solicitud al Senado de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite la suspensión de un autogobierno en aras de la unidad y el bienestar de la nación.

Rajoy ha ganado claramente el apoyo internacional, mientras que Puigdemont cuenta con una poderosa capacidad de movilización en las calles.

Este viernes, la organización independentista Asamblea Nacional llamó a manifestarse frente al parlamento catalán.

Hasta ahora esas movilizaciones han sido pacíficas. El gobierno central tiene por su parte a miles de policías desplazados en territorio catalán.

Entre los planes del gobierno central, si son aprobados por el Senado, está convocar elecciones en menos de seis meses.

Pero esas elecciones no arrojarían un resultado muy diferente del actual, predicen las encuestas, aunque es una incógnita el desgaste que puede provocar en las fuerzas nacionalistas la agonía política de las últimas semanas.

La sesión del parlamento catalán el jueves tuvo momentos de dramatismo.

"Usted puede ir al Senado mañana. Me ofrezco a acompañarlo", le dijo a Puigdemont uno de los líderes opositores, el socialista catalán Miquel Iceta.

Asociaciones independentistas ya han anunciado un boicoteo a ese control por parte de Madrid, y la extrema izquierda está dispuesta a movilizarse.

En medio quedan los catalanes que no quieren ni la independencia ni la intervención.

(Con información de AFP y EFE)

LEA MÁS:

Dimitió un alto funcionario del gobierno catalán contrario a una declaración unilateral de independencia

El presidente catalán no llamó a elecciones por "falta de garantías" de Madrid y dejó en manos del Parlamento la declaración de la independencia