Entre los años 80 y 90, tres de los principales dirigentes de la Unión Patriótica y casi 2.000 miembros más fueron asesinados luego de dejar la insurgencia y firmar la paz. Por el exterminio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un caso contra el Estado colombiano ante la Corte IDH.
El partido político se fundó en 1985 como una propuesta legal de varias guerrillas como el Movimiento de Autodefensa Obrera, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Sus integrantes firmaron la paz y se alejaron de las armas. Pero fueron perseguidos sistemáticamente por narcotraficantes, paramilitares y agentes del Estado (Ejército, Policía) para evitar el ascenso de la izquierda en el poder.
De esta forma fueron asesinados sus principales líderes y entonces candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. Asimismo, varios congresistas, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores y otros militantes del partido. Muchos otros se fueron del país tras las amenazas.
"El caso se relaciona con las sucesivas y graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político a partir de 1984 y por más de 20 años", describe en un comunicado la CIDH.
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Los hechos calificados como exterminio incluyen desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y homicidios; perpetrados por grupos paramilitares y actores estatales. Por esa razón, la Comisión alega la responsabilidad del Gobierno Nacional en el incumplimiento de garantía de seguridad, de protección y prevención, y sus mismas acciones.
"Las víctimas fueron constantemente estigmatizadas a través de declaraciones de funcionarios públicos y actores no estatales, incluyendo calificativos como terroristas, o brazo político de las FARC, estigmatización que tuvo un efecto en la grave violencia desatada en su contra, por lo que determinó que el Estado violó su derecho a la honra y dignidad", aseguró la CIDH.
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Además, añadió que las investigaciones para resolver los crímenes han sido "incipientes e insuficientes", y no han logrado reparar a los familiares de los fallecidos, ni esclarecer la verdad. La CIDH concluyó así que el Estado colombiano "violó el derecho a las garantías judiciales y protección judicial".
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