La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al mayor (r) del Ejército Hernán Carrera Sanabria por el crimen de guerra de tortura contra los indígenas arhuacos Amado y Vicente Villafañe Chaparro, en hechos ocurridos en 1990 en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que el compareciente tuvo responsabilidad en estos hechos y deberá presentar una propuesta de reparación dirigida a las víctimas y a su comunidad.
La decisión también incluye la remisión a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de siete antiguos integrantes de la fuerza pública que no reconocieron responsabilidad por el secuestro, tortura, homicidio y desaparición de los mamos arhuacos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hughes Chaparro. La JEP calificó estas conductas como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
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Según el comunicado de la JEP, Hernán Carrera Sanabria reconoció su responsabilidad por la tortura de Amado y Vicente Villafañe Chaparro. Como parte del proceso, deberá elaborar una propuesta de reparación orientada a recuperar el Cerro Inarwa, considerado un sitio sagrado espiritual y de peregrinación del pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Siete exintegrantes de la fuerza pública fueron remitidos a la UIA
La Sala remitió a la UIA al general (r) Juan Salcedo Lora, excomandante de la Segunda Brigada; a los coroneles en retiro Luis Fernando Duque Izquierdo y Rafael Mejía Roa; al entonces mayor Luis Fernando Urrego Ávila; a Álvaro Matallana Eslava; al capitán (r) Pedro Antonio Fernández Ocampo y a Cosme García Camacho.
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La jurisdicción señaló que estos siete comparecientes no reconocieron su responsabilidad en los hechos relacionados con los tres mamos arhuacos. Dos de ellos, el coronel Duque y el capitán Fernández, habían sido sancionados con destitución por la Procuraduría General de la Nación, mientras sus investigaciones fueron cerradas en la Justicia Penal Militar.
En la misma decisión, la Sala expulsó de la JEP a Daniel Rivera Rincón debido a investigaciones penales por delitos presuntamente cometidos después de la firma del Acuerdo de Paz.
La investigación permitió reconstruir hechos relacionados con la estigmatización de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como la participación de hacendados y empresarios del Cesar en los crímenes investigados. También fueron identificados lugares donde habrían permanecido secuestrados los mamos antes de ser asesinados.
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Entre esos sitios figuran una casa ubicada en la Plaza Alfonso López de Valledupar y la hacienda ganadera Bethania, en El Copey, Cesar. De acuerdo con la JEP, en ese lugar permanecían acantonadas tropas del Ejército y grupos paramilitares.
JEP reconstruyó el contexto de los crímenes contra los mamos arhuacos
La jurisdicción estableció que los mamos se dirigían a Bogotá para participar en los procesos de la Asamblea Nacional Constituyente y aportar a la defensa de los derechos de los pueblos étnicos, su autonomía, el territorio y una vida en paz.
La JEP indicó que la estigmatización contra los mamos se originó en la utilización del territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta por integrantes de las antiguas Farc-EP para esconder armas y personas secuestradas, entre ellas el señor José Eduardo Mattos. Según el tribunal, esa situación derivó en señalamientos contra miembros del pueblo arhuaco y en graves violaciones contra sus autoridades espirituales.
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Durante el trámite, la Sala abrió un incidente de condicionalidad por incumplimientos en el deber de aportar verdad. En una audiencia dialógica participaron autoridades de los pueblos de la Sierra Nevada, mientras las víctimas cuestionaron como insuficientes y falsos algunos de los aportes realizados por los comparecientes.
La decisión de remitir a siete exintegrantes de la fuerza pública a la UIA implica que sus procesos continuarán por la vía adversarial, debido a la falta de reconocimiento de responsabilidad. La JEP también señaló que encontró restos óseos humanos en la hacienda Bethania, hecho que motivó el envío de copias a la Fiscalía para avanzar en investigaciones penales y procesos de extinción de dominio.
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Con esta decisión, la JEP avanzó en el esclarecimiento de hechos ocurridos hace 36 años y relacionados con la tortura de dos indígenas y el secuestro, tortura, homicidio y desaparición de tres mamos arhuacos. El tribunal destacó que el caso busca determinar responsabilidades y responder a las demandas de verdad, justicia y reparación de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta.
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