Un grupo de dieciséis integrantes de una comunidad indígena de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín el 8 de noviembre de 2026 tras salir de sus territorios por la violencia asociada a la disputa entre grupos armados ilegales que azotan a la región colombiana.
Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera de la capital del departamento de Antioquia, en el que fueron recibidos por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. El grupo está integrado por cuatro núcleos familiares, entre ellos se destaca la presencia de ocho menores de edad.
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La Secretaría de Paz y Derechos Humanos del Distrito informó que las 16 personas rindieron declaración ante la Personería y fueron trasladadas a albergues, en los que reciben asistencia humanitaria y acompañamiento institucional.
“La Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada”, declaró el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, en diálogo con Blu Radio.
De acuerdo con el funcionario, el desplazamiento ocurrió después del asesinato de dos indígenas y el presunto secuestro de otra persona en Nuquí, a raíz del enfrentamiento entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Alcaldía de Nuquí asumió el traslado aéreo de las familias, según informó Telemedellín.
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Alerta de la Defensoría del Pueblo
La llegada de las cuatro familias a Medellín ocurre en medio de una emergencia más amplia en Nuquí. El 1 de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó que aproximadamente 500 indígenas de Villa Nueva, comunidad del corregimiento de Jurubidá (Chocó), abandonaron su territorio ante el temor generado por la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales.
La entidad precisó que entre los desplazados había niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales. En su primer reporte, indicó que la comunidad permanecía de forma temporal en esa población, sin completar el traslado a la cabecera municipal de Nuquí. Posteriormente, medios nacionales informaron que las familias lograron llegar al casco urbano, donde permanecían alojadas en el coliseo municipal.
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La alerta fue emitida dos días después de un oficio de consumación del riesgo asociado a la Alerta Temprana 009 de 2024. La Defensoría señaló entonces el deterioro de la seguridad tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva.
El organismo advirtió que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también evaluaban desplazarse por las condiciones de inseguridad. Por ello, pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales garantizar alimentación, agua potable, servicios de salud y alojamiento temporal con enfoque étnico y diferencial; además de coordinar transporte fluvial seguro, activar las rutas de atención a víctimas y reforzar la protección de las comunidades que siguen en sus territorios.
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La Unidad para las Víctimas informó el 2 de noviembre que trabajaba con la Alcaldía de Nuquí en un censo para identificar a las personas afectadas y definir las ayudas humanitarias. La entidad señaló que la cifra inicial de 500 desplazados debía ser contrastada con ese registro municipal.
La respuesta de la Alcaldía de Medellín se ha concentrado en la acogida de las 16 personas que llegaron a la ciudad, mientras que las acciones en Nuquí involucran a la administración municipal, la Unidad para las Víctimas y la Defensoría.
Sobre Nuquí han centrado su atención la comunidad internacional y distintas organizaciones de derechos humanos, que exhortan al Gobierno Nacional a reforzar la presencia institucional y desmantelar las estructuras criminales que siguen causando el éxodo masivo de las poblaciones más vulnerables del país.
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