La comunidad habría tomado justicia por mano propia - crédito red social Facebook
Una reunión convocada en la vereda La Palma, zona rural de Suaza, Huila, terminó con seis personas asesinadas, entre ellas un comerciante de la región y cinco personas que se presentaron como integrantes de una disidencia de las Farc.
Las autoridades investigan si el hecho se originó tras un intento de extorsión contra habitantes del sector, y que como señaló Semana, al parecer habría sido señalada una estructura de las disidencias de las Farc que comanda Alexander Díaz Mendoza, más conocido como alias Calarcá: la Rodrigo Cadete.
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De acuerdo con la información preliminar de la Policía, varias personas llegaron al lugar y exigieron dinero a pobladores de la zona.
Durante esos hechos, un ciudadano habría resultado herido y murió más tarde. Tras ese ataque, integrantes de la comunidad habrían reaccionado contra quienes se identificaban como miembros de un grupo armado.
El homicidio múltiple se reportó alrededor de las 10:00 a. m. del lunes 26 de octubre. Unidades de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron hasta el sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y recoger elementos para la investigación.
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La víctima civil era un comerciante reconocido en el municipio
El alcalde de Suaza, Francisco Cuéllar Calderón, identificó a la víctima civil como Yeiner Plinio, un comerciante de motocicletas que también administraba una discoteca en el municipio.
Según el mandatario local, el hombre murió luego de un cruce de palabras con quienes habrían citado a la comunidad para tratar asuntos relacionados con cobros extorsivos.
“La comunidad está aburrida, desesperada, porque realmente no es fácil trabajar de una manera honesta y que vengan aquí grupos extorsionistas a quitarle el sustento de su vida”, afirmó el mandatario municipal.
Cuéllar señaló que las cinco personas restantes se movilizaban en una camioneta y que provenían, al parecer, del departamento de Caquetá.
Una de las dos mujeres fallecidas residía desde hacía varios años en Suaza, según indicó el alcalde.
La camioneta de los presuntos extorsionistas fue encontrada incinerada
Las primeras versiones apuntan a que las cinco personas que se presentaron como integrantes del frente Rodrigo Cadete intentaron huir en la camioneta en la que se desplazaban.
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Sin embargo, habitantes de la zona habrían interceptado el vehículo con una chiva, destacó el diario local La Nación, de Neiva.
El automotor fue hallado incinerado junto a los cuerpos. Imágenes difundidas en redes sociales muestran que algunas de las víctimas presentaban heridas que, de manera preliminar, serían compatibles con ataques con machete.
El alcalde sostuvo que el grupo estaba integrado por tres hombres y dos mujeres. Además, el mandatario planteó dudas sobre si todos eran miembros activos de una estructura disidente de las Farc o si se trataba de personas que utilizaban esa identificación para cometer extorsiones.
“Puede haber una persona retirada de estas organizaciones que se haya dedicado a la extorsión, pero que sean directamente grupos al margen de la ley, no creería”, declaró Cuéllar tras un consejo de seguridad realizado en el municipio.
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La Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación
El Departamento de Policía Huila informó que los hechos son materia de investigación y evitó confirmar la identidad o la pertenencia armada de las cinco personas asesinadas.
“De acuerdo con información preliminar, unas personas que se identificaron como un grupo disidente de las Farc llegaron a la zona exigiendo dinero a algunos pobladores de la vereda La Palma. En el desarrollo de estos hechos, un ciudadano de la comunidad habría resultado herido por acción de los constriñentes, falleciendo posteriormente”, indicó la institución en un comunicado.
La Policía añadió en su reporte oficial que, después de la muerte del habitante de la vereda, miembros de la comunidad habrían tomado acciones contra los presuntos responsables.
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Las autoridades deberán establecer quiénes participaron en los homicidios, cómo ocurrieron los ataques y si las personas fallecidas pertenecían a una organización armada ilegal.
El Ejército anunció el envío de un pelotón para reforzar la seguridad en Suaza. El alcalde afirmó que los habitantes habían advertido sobre la reunión antes de que ocurriera la masacre.
Indepaz contabilizó el hecho como la masacre número 101 de 2026
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró el caso como la masacre número 101 ocurrida en Colombia durante 2026.
La organización recordó que Suaza figura en la Alerta Temprana 001 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, documento que advierte sobre riesgos derivados de la presencia y expansión de facciones disidentes de las antiguas Farc-EP, además de disputas por economías ilícitas y control territorial.
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Con este hecho, Huila acumula cuatro masacres en 2026, según el recuento por parte la ONG.
La primera ocurrió el 15 de febrero en Suaza y dejó cuatro víctimas. El 18 de marzo fueron asesinadas tres personas en Pitalito, incluido un menor de edad. El tercer caso se registró el 25 de octubre en la vereda La Perdiz, en Algeciras, donde tres personas murieron tras un ataque armado en un establecimiento de bebidas alcohólicas.
William Calderón Vargas, coordinador de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz) en Huila, pidió que la investigación examine las condiciones de seguridad que antecedieron la reacción de la comunidad.
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“Sin justificar de ninguna manera este tipo de hechos”, sostuvo el funcionario al recalcar que la población rural enfrenta una situación de violencia persistente, aunque enfatizó que corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió.
Qué mencionó la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo: comunidades en peligro por ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’
La Defensoría del Pueblo emitió el 22 de enero de 2025 la Alerta Temprana 001-25, en la que advierte riesgos extremos y altos para la población civil en 45 municipios y tres áreas municipalizadas de siete departamentos de la Amazonía y la Orinoquía colombianas, como consecuencia de la ruptura del grupo armado antes conocido como Estado Mayor Central (EMC).
La entidad atribuye el deterioro de la seguridad en esos territorios a los enfrentamientos entre las facciones que responden a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco y a “Calarcá”, mandos que quedaron al frente de estructuras separadas tras la fragmentación interna de la organización.
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La Defensoría identificó como zonas de riesgo extremo a municipios donde los combates entre ambas facciones ya han producido efectos humanitarios directos.
La alerta abarca los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y el sector de Piamonte, en el Cauca.
En el informe oficial por parte del ente se determinó que las comunidades indígenas y campesinas de esa región —muchas con antecedentes de vulneración de derechos— son las más expuestas a las consecuencias del conflicto entre ambas facciones.
Zonas con riesgo extremo y zonas con riesgo alto
La Defensoría clasificó en riesgo extremo los municipios donde los enfrentamientos armados directos ya se registran: Solano y Cartagena del Chairá, en Caquetá; Puerto Santander, en Amazonas; Mesetas, en el Meta; Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, en Putumayo; y Calamar, en Guaviare.
En otro bloque de territorios, la entidad determinó un riesgo alto, derivado de las tensiones entre los grupos sin que haya combates abiertos.
En esas zonas, las estructuras armadas han ejercido violencia sobre poblaciones acusadas de colaborar con uno u otro bando, han reforzado mecanismos de control territorial y han estigmatizado a líderes sociales y comunitarios.
Esa categoría comprende varios municipios de Huila, San José del Guaviare, El Retorno, sectores del Meta, el Bajo Putumayo y los municipios amazónicos de Mirití Paraná y Puerto Alegría.
Las afectaciones identificadas en el informe de la Defensoría
El documento de la Defensoría enumera ocho consecuencias concretas que el organismo detectó o proyecta en los territorios afectados:
- Reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, con énfasis en población indígena del suroccidente del país.
- Confinamiento de comunidades y restricciones al acceso a bienes esenciales.
- Desplazamiento forzado.
- Amenazas y homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios.
- Contaminación del territorio por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.
- Obstáculos al acceso humanitario.
- Riesgos para personas que desertaron de las filas disidentes o participan de procesos de sometimiento a la justicia.
- Falta de gestión digna de cadáveres.
Recomendaciones a entidades del Estado
La Defensoría del Pueblo dirigió recomendaciones específicas a ocho instituciones: la Presidencia de la República y al Consejero Comisionado de Paz les solicitó garantizar un enfoque integral en la Mesa de Diálogos, con prioridad en las garantías de no repetición y el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Al Ministerio del Interior le pidió fortalecer las capacidades locales de prevención y adoptar medidas inmediatas de protección colectiva para las comunidades en riesgo. A la Fuerza Pública le exigió diseñar estrategias de seguridad con enfoque de derechos humanos, sin estigmatizar a las poblaciones civiles.
La Unidad para las Víctimas recibió la instrucción de brindar atención urgente y diferenciada a personas desplazadas y confinadas, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) deberá implementar medidas de prevención del reclutamiento en las zonas focalizadas.
La Procuraduría General fue instada a acompañar los territorios con veeduría activa y a garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
A las entidades territoriales, la Defensoría les solicitó articularse con las autoridades nacionales para activar mecanismos de protección temprana en cada municipio incluido en la alerta.
El organismo también dirigió un llamado a los actores armados ilegales para que cesen las hostilidades y respeten los principios del DIH, y convocó a la comunidad internacional a reforzar su acompañamiento en los procesos de paz y protección de derechos humanos en la región.
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