Nadia Beller obtuvo asilo político en México y Bolivia evalúa otorgarle un salvoconducto

El Gobierno de México otorgó asilo político a la abogada boliviana Nadia Beller, quien fue pareja del exasesor presidencial Fernando Cerimedo, a quien le atribuye un intento de asesinato y presuntos casos de corrupción.

En un comunicado emitido este domingo, la Cancillería boliviana señaló que el 4 de noviembre recibió la comunicación oficial de la Embajada mexicana en la que se informó “sobre la concesión de asilo diplomático” a Beller y se solicitó el correspondiente salvoconducto.

“La solicitud se encuentra en evaluación por las instancias competentes del Estado boliviano, considerando las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional y las obligaciones internacionales aplicables, sin que hasta la fecha se haya adoptado una decisión ni emitido una respuesta formal al respecto”, señala el documento.

Según el portal boliviano de noticias Brújula Digital, que dio la noticia sobre la otorgación del asilo político, la mujer estaría protegida en la Embajada desde el miércoles 4 de noviembre, día en el que escribió su última publicación en redes sociales, cuando denunció que el Gobierno estaba cometiendo un “atropello sistemático de las instituciones del Estado, al sometimiento de la justicia, a la instrumentalización del Ministerio Público y de la Policía para perseguir a quienes denuncian corrupción y a la construcción de un aparato de impunidad para proteger a quienes hoy ejercen el poder”.

Beller, una abogada y operadora política de 33 años, ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses en Bolivia. La noche del 17 de agosto fue atacada por dos sicarios en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra y sobrevivió a tres disparos.

Tras el ataque, la mujer acusó a Fernando Cerimedo, entonces asesor principal del presidente Rodrigo Paz, de ser el autor intelectual del atentado por motivaciones políticas: evitar que revele presuntos casos de corrupción.

El caso desató una trama de acusaciones que aún no han sido probadas, pero que involucran incluso al entorno íntimo y familiar del presidente Paz en casos de corrupción y negociados con la distribución de combustible y otros elementos.

Sus denuncias adquirieron un mayor peso político tras la filtración de al menos 15 grabaciones de llamadas telefónicas entre Cerimedo y ministros, jefes policiales, el propio presidente Paz y su esposa, María Elena Urquidi; en las que se habla sobre tensiones en el gabinete, designación de cargos y un presunto operativo para detener al expresidente Evo Morales, entre otros temas.

El Gobierno, lejos de aclarar el contenido de los audios o demostrar con pruebas su falsedad, los ha calificado como “chacota” y ha señalado que deben ser investigados. “Que la Justicia investigue todo lo que tenga que investigar. Es la mejor respuesta y creo que es lo que corresponde”, manifestó el presidente Paz en una entrevista con la agencia EFE en Madrid, en el marco de la reciente XXX Cumbre Iberoamericana.

Cerimedo, el consultor político argentino que se presentaba como “asesor principal” del presidente en sus tarjetas, está detenido desde la madrugada posterior al crimen de Beller, acusado de tentativa de feminicidio. En paralelo, fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito mientras enfrenta acusaciones de violencia doméstica y encubrimiento al narcotráfico.

A casi tres meses de su detención, Cerimedo solicitó a la justicia la cesación de la detención preventiva para defenderse en libertad. Según medios bolivianos, este lunes se celebrará su audiencia judicial por el caso de feminicidio en grado de tentativa ante el juez de la primera causa, Wilson Espada.

Antes de llegar a Bolivia para trabajar en campañas electorales, Cerimedo fue asesor de otros presidentes de la región como Javier Milei, de Argentina, y Jair Bolsonaro, de Brasil. En su país de origen enfrentó cargos por estafa debido a la venta de un mismo inmueble a dos personas y, en Brasil, fue investigado por su participación en una red de desinformación vinculada al intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023.