Fuerzas Armadas de Honduras anunciaría la baja de varios oficiales, algunos con separación deshonrosa

Las Fuerzas Armadas de Honduras preparan nuevas medidas disciplinarias que alcanzarán a varios miembros de la institución, entre ellos oficiales que podrían ser separados de manera deshonrosa, como parte de los mecanismos internos de control y depuración del instituto armado.

El anuncio lo realizó el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Benjamín Valerio, quien adelantó que las notificaciones correspondientes se efectuarán durante la presente semana. Aunque no precisó la cantidad de personas que serán retiradas ni detalló las faltas atribuidas a cada una “Las bajas serán notificadas en la presente semana”, expresó el alto mando militar al referirse a las próximas separaciones dentro de la institución.

Valerio explicó que las medidas disciplinarias no se limitan a integrantes que pudieran tener nexos con organizaciones dedicadas al narcotráfico o actividades delictivas, sino que abarcan un conjunto más amplio de conductas que contravienen las disposiciones que rigen la carrera militar.

En ese sentido, sostuvo que las Fuerzas Armadas cuentan con mecanismos propios para identificar irregularidades, investigar comportamientos contrarios a la disciplina y aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con la gravedad de cada situación. “Tenemos nuestros propios métodos de depuración”, manifestó.

El jefe militar indicó que durante 2026 se han registrado separaciones de soldados, suboficiales y oficiales por diferentes incumplimientos, lo que refleja que los procedimientos disciplinarios abarcan distintos niveles de la estructura castrense.

La depuración interna contempla distintas categorías de faltas, desde las consideradas leves hasta las graves y las que pueden constituir delitos. Valerio advirtió que ningún integrante de la institución está exento de responsabilidad si se comprueba su participación en actividades ilícitas.

Una eventual separación del servicio no representa necesariamente el cierre de las responsabilidades legales, en especial cuando las conductas investigadas trascienden el ámbito estrictamente militar y pueden configurar delitos.

Procesos de depuración

El anuncio de nuevas bajas se produce después de que las Fuerzas Armadas informaran, el pasado 14 de octubre, sobre la separación deshonrosa de 125 integrantes durante los primeros nueve meses de 2026.

Las expulsiones obedecieron a faltas consideradas graves y contrarias a los principios que deben regir el comportamiento del personal militar. Entre las razones señaladas figuran conductas que afectan la ética, el honor militar, la disciplina y la imagen institucional.

Con las nuevas separaciones anunciadas por Valerio, el proceso de depuración continuará durante las próximas semanas, aunque todavía no se conoce el número total de efectivos alcanzados por las medidas.

Las autoridades han señalado que las sanciones pueden llegar hasta la separación deshonrosa cuando las infracciones así lo ameriten, sin perjuicio de las investigaciones penales que puedan desarrollarse en otras instancias.

La advertencia también se produce en un contexto en el que las instituciones de seguridad enfrentan el desafío de evitar que estructuras criminales establezcan vínculos o mecanismos de influencia dentro de los organismos encargados de combatirlas.

Por esa razón, la depuración del personal militar adquiere relevancia no solo desde la perspectiva disciplinaria, sino también por las implicaciones que puede tener para la confianza pública en los organismos responsables de la seguridad nacional.

Agencia Nacional contra el Crimen

En sus declaraciones, Valerio también abordó la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una iniciativa orientada a fortalecer la coordinación entre las instituciones estatales que participan en la prevención, investigación y combate de las actividades delictivas.

El jefe del Estado Mayor Conjunto sostuvo que enfrentar las estructuras criminales requiere un trabajo articulado entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y otros organismos vinculados con la seguridad y la aplicación de la justicia.

La propuesta busca evitar que las instituciones desarrollen esfuerzos aislados y facilitar que sus capacidades se complementen en las operaciones contra las organizaciones delictivas.

La coordinación entre estas entidades resulta especialmente importante ante fenómenos criminales que requieren diferentes niveles de intervención, desde las labores de prevención y vigilancia hasta las investigaciones, capturas, judicialización de los casos y cumplimiento de las penas.

En ese escenario, la participación de las Fuerzas Armadas se enmarca en las tareas de apoyo a la seguridad pública, mientras que los organismos policiales y judiciales mantienen sus respectivas competencias en materia de investigación y persecución penal.

Otro de los aspectos abordados por Valerio fue la operación de seguridad prevista para un período de 70 días. Consideró que los esfuerzos contra la criminalidad no deben limitarse al tiempo establecido para una intervención específica.

A su criterio, una vez concluida esa operación, las autoridades deben mantener las acciones de seguridad y establecer indicadores que permitan medir los resultados obtenidos, identificar los aspectos que requieren mejoras y definir nuevas etapas de intervención.