
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hizo referencia este jueves a la docena de audios atribuidos a su exasesor principal, Fernando Cerimedo, con miembros de su gabinete y jefes policiales, además de su entorno familiar.
Consultado por periodistas en una comunidad rural de Tarija, el presidente ironizó: “Es una locura, dentro de poco tendré un audio con ustedes” y dijo que debía investigarse “quién filtra o quién los produce”.
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“El mejor audio es el desarrollo, el mejor audio es la producción, el mejor audio son los proyectos que estamos entregando acá”, agregó y pasó de tema.
Entre el 31 de agosto y el 28 de octubre se filtraron al menos una docena de audios atribuidos a Cerimedo y al presidente, a su esposa Maria Elena Urquidi, al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; al ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo y la hija del mandatario, Catalina Paz, además de jefes policiales y un diputado.

El contenido de estos audios, varios de los cuales han sido verificados por agencias independientes de fact cheking que no encontraron indicios de inteligencia artificial, revelan el poder que ostentaba Cerimedo dentro del gobierno, cómo se manejan las contrataciones estatales y la forma en la que se asumen decisiones de alto nivel.
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Desde que estalló el escándalo, la reacción del Gobierno ha sido minimizar y cuestionar la veracidad de las grabaciones, mientras se sugiere que se debe descubrir quién los filtró.
En el audio atribuido al presidente, ambas voces conversan sobre el estado de excepción que se implementaría en medio de los bloqueos de caminos que afectaron el país por casi 50 días entre mayo y junio. En la grabación, se plantea “armar una novela” para que la población apruebe la medida.
En otra grabación, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo y el exasesor presidencial discutirían acciones para menguar la capacidad de movilización de las comunidades que realizaban los bloqueos mediante la interrupción de servicios básicos.
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En tanto, Mauricio Zamora, ministro y hombre de confianza de Paz, aparecería en dos de las grabaciones. En la primera, presuntamente conversa con el asesor presidencial sobre un operativo para detener al expresidente Evo Morales (2006-2019) que estaría dirigido por Cerimedo, quien oficialmente no ocupaba ningún cargo público, sin la participación del Ministerio de Gobierno (Interior). En el audio, Zamora accede a la solicitud de desembolsar cerca de un millón de dólares para su ejecución. “Ya, no hay lío, yo ya tengo de donde”, afirmaría el ministro a la solicitud de presupuesto.
En tanto, en el segundo, mencionaría pugnas internas dentro del gabinete para designar cargos en empresas subsidiarias. Esta grabación sugiere disputas con el ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, quien estaría interfiriendo en el Ministerio de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, para designar a su gente.
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Zamora calificó ambas grabaciones como “chacota” y “ciencia ficción”, y pidió a la población no dejarse llevar “por tema de audios”.
En tanto, los dos registros atribuidos a la primera dama, Maria Elena Urquidi, revelarían el nivel de su influencia en la gestión pública. En ellos hablan sobre cambios en el mando policial y tensiones internas en el gabinete por decisiones vinculadas al área de hidrocarburos.

En ese contexto y con cada nueva revelación, diputados y actores políticos han pedido a la Fiscalía iniciar investigaciones de oficio sobre el contenido de las grabaciones por los indicios de delitos penales que podrían constituir si las pericias confirman su autenticidad.
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Después de varias semanas de silencio, finalmente este jueves, el fiscal interino Armando Urioste -propuesto por el presidente Paz y designado por la Asamblea Legislativa tras la detención de su antecesor, Roger Mariaca- informó sobre la conformación de una “Dirección Nacional de Cibercrimen” a partir de la cual se harán investigaciones a los audios.
Fernando Cerimedo, consultor político argentino de 45 años, está detenido preventivamente en Bolivia por el presunto delito de tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito, mientras enfrenta otros cargos. Según sus tarjetas de presentación fue “asesor principal” del presidente Paz, de quien fue estratega de campaña durante la segunda vuelta electoral.
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