La liberación en España de Jimena Katherin Marset Cabrera, hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en junio de 2025, vuelve a poner bajo la mira las actuaciones de la Fiscalía boliviana en las investigaciones relacionadas con la supuesta red criminal y tras la detención del ex fiscal general Roger Mariaca acusado de vínculos con el narcotráfico.
Marset Cabrera fue detenida el 10 de junio de 2025 en Torrejón de Ardoz, en las afueras de Madrid, durante un operativo coordinado entre la Policía española e Interpol Uruguay. Sobre ella pesaba una orden de captura internacional solicitada por Bolivia, donde se la investigaba por presuntos vínculos con la organización de su hermano.
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Sin embargo, apenas un par de horas después de su captura, Marset Cabrera recuperó su libertad, luego de que las autoridades bolivianas comunicaran a España que había sido beneficiada con un sobreseimiento fiscal y que la solicitud internacional había quedado sin efecto.
Si bien esta noticia fue de interés internacional, no tuvo amplia repercusión mediática en Bolivia. Ahora, con las pesquisas que se siguen contra Mariaca, el caso adquirió relevancia cuando la jueza Livia Alarcón, afirmó que la decisión no había sido emitida por el Órgano Judicial. “Hay una resolución fiscal firmada por estas autoridades en favor de Katherin Marset Cabrera”, señaló en una entrevista con el periódico El Deber.
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Según una publicación anterior de ese medio, el sobreseimiento habría sido firmado por una comisión de fiscales conformada por Jorge Armando Caballero, Rubén Darío Ordóñez y Julio César Porras.
La declaración abre interrogantes sobre la actuación de los fiscales que intervinieron en el expediente y las circunstancias en que se dispuso el sobreseimiento que permitió levantar la orden internacional.
Una detención seguida de una liberación
La captura de Marset Cabrera en Madrid fue resultado de un intercambio de información entre los equipos de búsqueda de la Policía española y el Departamento de Capturas Internacionales de Interpol Uruguay.
La mujer, de 25 años en ese momento, había sido requerida por la Justicia boliviana después de ser identificada como una de las personas que escapó junto a Sebastián Marset del operativo policial fallido de julio de 2023 en Santa Cruz de la Sierra, cuando el narcotraficante logró eludir su captura presuntamente con ayuda de funcionarios estatales.
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Según las investigaciones, Marset Cabrera permaneció en Uruguay hasta 2024 y posteriormente salió del país. Tras su detención en España, quedó a la espera de un eventual proceso de extradición a Bolivia, pero el sobreseimiento fiscal cambió su situación jurídica.
Su defensa sostuvo entonces que la decisión respondía a la falta de elementos suficientes para continuar el proceso y negó que existieran pruebas que acreditaran su participación en actividades delictivas vinculadas a su hermano.
El abogado Santiago Moratorio, representante de la mujer, añadió que ella se encontraba en España ayudando a la crianza de los hijos de su hermano, luego de que su cuñada, Gianina García Troche, quedara detenida en 2024.
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La revisión de estos antecedentes se produce tras la detención del ex fiscal Roger Mariaca, quien dirigió la Fiscalía General del Estado desde octubre de 2024 hasta su destitución por la Asamblea Legislativa el pasado viernes.
La Justicia ordenó su detención preventiva por seis meses en una investigación en la que el Gobierno lo acusa de haber montado una “organización criminal” destinada a “proteger e incentivar el narcotráfico”. En el lapso de una semana se abrieron otros procesos por presunto enriquecimiento ilícito y portación ilegal de armas.
El ex fiscal ha rechazado las acusaciones y denunció intentos de interferencia en las investigaciones que conducía el Ministerio Público contra Fernando Cerimedo, ex asesor presidencial de Rodrigo Paz, y otros casos que pueden implicar al entorno del primer mandatario.
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Mientras se desarrolla el caso, surgieron denuncias de pagos presuntamente realizados por Sebastián Marset al ex fiscal y a otros ex funcionarios públicos para permanecer impune en Bolivia.
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