
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este jueves el informe de la comisión legislativa que investigó la importación y comercialización de combustible de mala calidad.
Tras la aprobación, el documento será remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) para que realice la auditoría correspondiente, al igual que al Ministerio Público para iniciar la investigación y al Gobierno para que se consideren las observaciones planteadas en el informe.
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“Tenemos que remitir el informe al Ejecutivo, ya que dentro de la estatal (petrolera) hubo bastantes falencias y errores que tienen que ser corregidos y enmendados”, explicó la diputada oficialista Ximena Arispe durante su intervención en el pleno.
En febrero de este año, la Cámara de Diputados conformó una comisión de investigación integrada por 11 legisladores de las diferentes fuerzas políticas para investigar las denuncias sobre la gasolina contaminada que afectó decenas de miles de vehículos en el primer trimestre del año.
La investigación identificó como presuntos responsables a varias autoridades, tanto del Gobierno de Luis Arce como de Rodrigo Paz, además de exministros y funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
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La incertidumbre sobre la calidad es solo una de las aristas de la crisis de combustibles que atraviesa Bolivia. Otro de los problemas centrales tiene que ver con la incapacidad de garantizar el suministro, debido a la baja producción local y las dificultades de importación, que ha vuelto a generar largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, un escenario que se repite de manera periódica desde inicios de 2023.
La Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur) informó este jueves que reciben menos volumen del necesario para cubrir la demanda del parque automotor en la región más extensa, poblada y productiva del país.
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“Nosotros necesitamos por lo menos 3,5 millones de diésel y 3,5 millones de gasolina para todo el departamento”, explicó Susy Dorado, gerente de Asosur, citada por el portal de noticias Visión360. “Sin embargo, lo que se nos ha venido entregando no nos permite tener tranquila a la población, son 2,7 millones (de diésel) y 3 millones (de gasolina)”, agregó.
Ante ese escenario, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció que está negociando la firma de un convenio con actores privados para importar gasolina y diésel a precios internacionales.

“Esto no puede seguir así”, expresó el gobernador en referencia a las filas interminables de vehículos en la ciudad y el perjuicio para sectores estratégicos como la agroindustria y el transporte. “Estamos por firmar un convenio con una empresa privada internacional para poder importar, almacenar y comercializar, a través de alianzas público-privadas, gasolina y diésel sin ningún subsidio y a precios internacionales, con el objetivo de asegurar este suministro”, explicó en una nota difundida en redes sociales.
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El gobernador aclaró que para poder encarar ese proyecto necesita la aprobación de un decreto supremo que autorice a la Gobernación establecer el contrato con una empresa privada de importación, lo que actualmente estaría restringido exclusivamente para empresas estatales.
Hasta la publicación de esta nota, el Gobierno no se había referido públicamente a la propuesta de Velasco. En declaraciones recientes, el presidente Rodrigo Paz pidió disculpas por la falta de soluciones definitivas al tema del combustible y la atribuyó a la mala gestión de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (2006-2025).
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