La comisión legislativa que investigó la importación y distribución de gasolina de mala calidad en Bolivia presentó este lunes su informe final en el que concluye que una serie de fallas en los controles estatales, durante las gestiones de Luis Arce (2020-2015) y la actual de Rodrigo Paz, permitieron la comercialización del combustible contaminado.
La comisión especial, que revisó durante cuatro meses casi 2.000 documentos para reconstruir la cadena de distribución, señala que se priorizó el abastecimiento continuo de combustible sobre los controles de calidad y la seguridad técnica, mediante la emisión de decretos y resoluciones de importación urgente sin requisitos mínimos de calidad.
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El informe señala que parte de los controles se redujo a verificaciones documentales y visuales sin realizar análisis de laboratorio para parámetros obligatorios, como el contenido de manganeso y goma que contaminaron la gasolina distribuida a inicios de este año. Por otro lado, apunta que el personal encargado de esas tareas carecía de la especialidad técnica requerida.
La comisión identificó dos decretos supremos, emitidos durante el Gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025), con los cuales se permitió la importación de gasolina sin cumplir los estándares mínimos de calidad.
La investigación también revela que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dispuso el precintado de cinco tanques de almacenamiento debido a dudas sobre la calidad del combustible importado. Sin embargo, la gestión actual emitió una resolución ministerial para levantar esa medida, permitiendo la distribución del producto sin que concluyeran los controles técnicos correspondientes.
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Además de las observaciones sobre la calidad de la gasolina, la comisión identificó posibles irregularidades en los contratos de importación de combustibles. El informe menciona fluctuaciones significativas en los costos que incluyen el valor del producto, transporte y otros cargos asociados, lo que constituiría un indicio de presunto daño económico al Estado.
Finalmente, el documento establece responsabilidades en el expresidente Arce, los exministros de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo y Mauricio Medinaceli; además de los expresidentes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorghaten y Yussef Alky, entre otros funcionarios públicos, por haber introducido lotes de combustible base sin las especificaciones de calidad.
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Según los 11 legisladores que conformaron la comisión de investigación, los delitos por los cuales pueden ser juzgados incluyen conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica y daño calificado.
El siguiente paso será la consideración del informe por el pleno de la Cámara de Diputados. De ser aprobado, los antecedentes se remitirán a otras instancias para determinar responsabilidades derivadas de las observaciones formuladas por la comisión.
La investigación surgió a raíz de las denuncias de distribución de combustible contaminado que dañó miles de vehículos en el primer trimestre del año. Las conclusiones de la comisión contrastan con las explicaciones ofrecidas entonces por la administración de Rodrigo Paz, que admitió haber comercializado “gasolina desestabilizada” y atribuyó el problema a residuos dañinos en los tanques de almacenamiento y luego a una presunta red delictiva que sustituía parte del combustible durante el proceso de distribución.
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En cambio, el informe identifica fallas en los controles estatales y en los procedimientos de importación y distribución como las causas que permitieron la comercialización de la gasolina contaminada.
La publicación del informe coincide con un escenario en el que el abastecimiento de combustibles sigue siendo uno de los principales desafíos para el país, mientras persisten la incertidumbre sobre los controles y la calidad de los mismos.
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