
El riesgo país de Ecuador cayó el 12 de junio de 2025 a 859 puntos básicos, el nivel más bajo registrado en los últimos dos años, según el más reciente reporte del Banco Central. Esta disminución marca una diferencia significativa frente al pico alcanzado el 10 de abril, cuando el índice se situó en 1.908 puntos, reflejando una mejora sostenida de más de 1.000 puntos en apenas dos meses.
El riesgo país es un indicador clave que mide la probabilidad de que un Estado incumpla sus obligaciones financieras. Un índice alto sugiere que los mercados internacionales perciben un mayor riesgo al invertir en ese país, lo que encarece el financiamiento externo y puede limitar el acceso a créditos e inversiones. En cambio, una baja sostenida, como la que se registra en Ecuador, suele interpretarse como un signo de recuperación de la confianza en la estabilidad fiscal y política del gobierno.
Este cambio de tendencia ha coincidido con una serie de medidas impulsadas por el Ejecutivo de Daniel Noboa, entre ellas la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad, enviado a la Asamblea Nacional el pasado 16 de mayo. Aunque aún está en discusión, la iniciativa fue bien recibida por los mercados financieros, pues plantea una estrategia integral para cortar las fuentes de financiamiento de las mafias, incentivar la inversión privada en zonas conflictivas y fortalecer la cooperación entre el Estado y los sectores productivos.

Desde esa fecha, el indicador ha mantenido una trayectoria descendente. El 16 de mayo, día del anuncio del proyecto, el riesgo país era de 1.020 puntos. Desde entonces, ha caído más de 160 puntos, y casi 1.050 si se compara con el máximo de abril. Los datos sugieren una respuesta favorable de los inversores a los intentos del gobierno por enfrentar con herramientas económicas y jurídicas la expansión del crimen organizado.
El indicador actual del riesgo país contrasta con los valores registrados durante 2023 y 2024, años marcados por crisis políticas, picos de violencia y alta incertidumbre económica. En abril de 2023, por ejemplo, el indicador bordeaba los 1.800 puntos y volvió a superar los 1.900 en abril de 2025, reflejando las dudas del mercado frente a la sostenibilidad fiscal y la seguridad interna del país.
A pesar que el cuerpo legal fue cuestionado –como la Ley de Inteligencia que recientemente se aprobó– los agentes económicos han privilegiado la señal de estabilidad institucional que representa el proyecto. El Ministerio de Finanzas ha insistido en que la economía ilegal representa el principal riesgo estructural para el país, ya que erosiona la base fiscal, afecta la inversión y distorsiona el sistema financiero.

Otro factor que podría haber contribuido a la mejora en el índice de riesgo es la relativa calma política luego de las tensiones registradas en el primer trimestre del año. El gobierno, que ahora tiene mayoría en el Legislativo, ha consolidado una narrativa de gobernabilidad que ha tenido eco en los mercados internacionales.
Expertos consultados por medios locales sostienen que el descenso del riesgo país puede abrir la puerta a nuevos créditos multilaterales con mejores condiciones, especialmente en momentos en que Ecuador busca financiamiento externo para enfrentar su déficit fiscal. No obstante, advierten que este tipo de indicadores puede ser volátil y está sujeto a factores externos, como la evolución del precio del petróleo, la situación económica global y las perspectivas de crecimiento interno.
Aunque el contexto internacional y la evolución del conflicto interno siguen siendo variables inciertas, el comportamiento del riesgo país durante los últimos 30 días sugiere que el nuevo reto será sostener esa tendencia con resultados concretos en seguridad, empleo y crecimiento económico.
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