La madrugada del 12 de noviembre un nuevo baño de sangre, el primero de 2024, se produjo en uno de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Esa, la cárcel más violenta del país, está bajo el control de las Fuerzas Armadas, pero la militarización no impidió que 15 reos fueran asesinados y otros 14 resultaran heridos.
El Servicio de Atención Integral (SNAI), encargado de las prisiones, confirmó el hecho y el número de fallecidos y afectados. Según la entidad gubernamental: “El Bloque de Seguridad actuó de manera inmediata para tomar el control total de las instalaciones y activar un operativo de requisa a gran escala, además de iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido”. Seguidamente anunció que el reclusorio “se encuentra bajo control absoluto”. La prensa ecuatoriana en Guayaquil reportó la llegada de personal militar y policial en la Penitenciaría.
La periodista especializada en seguridad, Karol Noroña, recordó en X que este nuevo hecho violento sucede “en el tercer aniversario de la masacre que en 2021 dejó 65 personas asesinadas”. De acuerdo con la información publicada por Noroña, entre los asesinados hay un reo desmembrado. La periodista ha señalado al pabellón 3 como la escena del crimen: “En ese pabellón están las bandas Los Duendes, Mafia 18 y Trébol Killer, según fuentes internas”, indicó.
Aunque hubo sospechas de posibles fugas, el SNAI indicó que ningún reo ha salido del centro penitenciario.
La crisis carcelaria que enfrenta Ecuador
Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador (CDH), que lleva un registro detallado de la situación carcelaria desde 1986, ha señalado que entre el 2018 y el 2022, 591 cadáveres fueron encontrados dentro de las cárceles del país. De ese total, el 76% fueron personas asesinadas en matanzas dentro de las prisiones. Según los reportes, hasta el momento, las masacres habrían dejado más de 600 presos asesinados.
En su informe de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que las condiciones en las cárceles ecuatorianas constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes, vulnerando los derechos a la vida, la integridad personal y la salud. El informe de la CIDH también resaltó que el Estado no ha logrado implementar medidas efectivas para reducir los niveles de violencia dentro de los penales.
Las cárceles se han convertido en centro de operación del crimen organizado. Infobae conoció que los últimos atentados que cobraron la vida de funcionarios carcelarios fueron ordenados desde las prisiones. En medio de la gobernanza criminal, la militarización en un primer momento parecía una solución, sin embargo, se reportaron denuncias de torturas, falta de alimentación e incluso violaciones. El Comité de la ONU, este año, indicó que hay deficiencias en el sistema penitenciario ecuatoriano, incluyendo problemas de alimentación, agua y atención médica, condiciones inadecuadas de higiene, falta de seguridad para reclusos vulnerables como mujeres, personas LGBTI y personas con discapacidades, discriminación y abuso sexual, además de carencias en programas de rehabilitación y reinserción.
En medio de ese escenario de precarización, el presidente Daniel Noboa anunció que presentará una reforma parcial a la Constitución ecuatoriana que busca eliminar la categoría de grupos de atención prioritaria para las personas privadas de libertad. De acuerdo con el comunicado oficial, emitido la noche del 6 de noviembre de 2024 por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, esta iniciativa implica la modificación de los artículos 35 y 51 de la Constitución. La propuesta tiene como objetivo “un sentido de justicia e igualdad” en la distribución de recursos y atenciones estatales.
La propuesta de Noboa ya plantea serias preocupaciones en materia de derechos humanos y para algunos abogados y analistas puede ser calificada como una medida regresiva, contraviniendo tanto principios constitucionales como obligaciones internacionales asumidas por Ecuador.
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