La vicepresidenta de Ecuador inició una demanda contra el gobierno por violar sus derechos y orquestar su destitución

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, presentó una acción de protección con medidas cautelares argumentando que el inicio de un sumario administrativo en su contra –que busca destituirla– constituye una violación de sus derechos constitucionales. En su demanda, Abad solicitó la suspensión inmediata de dicho proceso mientras se resuelve la acción de protección.

De acuerdo al documento al que accedió Infobae, el proceso administrativo que enfrenta es una manifestación de una persecución política y discriminación sistemática por parte del gobierno, después de haber sido designada como Embajadora del Ecuador en Israel mediante decreto presidencial, en noviembre de 2023.

Uno de los principales argumentos presentados por la vicepresidenta es que el sumario administrativo se fundamenta en la acusación de “abandono injustificado del trabajo”, conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Esta acusación, según el documento, podría llevar a su destitución del cargo. Sin embargo, Abad señala en su demanda que, como dignataria de elección popular, no está sujeta a control administrativo, sino a control político por parte de la Asamblea Nacional, conforme a lo dispuesto en la Constitución del Ecuador.

Además, Abad argumenta que el Ministerio del Trabajo no tiene competencia para iniciar este sumario en su contra. Ella sostiene que durante su misión diplomática en Israel, estaba bajo la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE) y no bajo la LOSEP, lo que debería excluirla de ser procesada por dicha ley. En el documento, se destaca también que su traslado a Turquía, ordenado por decreto presidencial debido a cuestiones de seguridad, no puede interpretarse como un abandono de sus funciones.

La vicepresidenta solicita en su acción de protección que se suspenda de inmediato el sumario administrativo y se dejen sin efecto todas las resoluciones relacionadas con el caso. Además, pide que se archive el proceso y que el Ministerio del Trabajo le ofrezca disculpas públicas y que los funcionarios implicados reciban capacitación sobre principios constitucionales para prevenir futuros abusos, según consta en el documento.

En Ecuador, la acción de protección es un mecanismo constitucional destinado a proteger los derechos fundamentales cuando estos son vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o particulares. De acuerdo con el artículo 88 de la Constitución ecuatoriana, este recurso se puede emplear cuando no existen otros medios judiciales efectivos para garantizar la protección de los derechos.

La resolución de la acción de protección sigue un procedimiento ágil. Según la normativa, el juez debe admitir la acción dentro de las 72 horas posteriores a su presentación y convocar a una audiencia pública donde las partes involucradas pueden exponer sus argumentos. Una vez realizada la audiencia, el juez tiene 48 horas para emitir su fallo. Si el juez encuentra que los derechos constitucionales de la vicepresidenta han sido vulnerados, se podrían conceder las medidas solicitadas.

Esta es la segunda acción relacionada al sumario administrativo que impulsa la vicepresidenta. El 17 de septiembre, la vice solicitó ante el congreso de Ecuador que se realice control político y fiscalización contra dos altas funcionarias del gabinete: Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, y María Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Infobae accedió de forma exclusiva a ese documento. En este Abad indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores entorpeció el traslado de Abad y de su familia hasta el último momento, impidiendo la coordinación adecuada de los detalles logísticos. Abad argumenta que pesar de haber cumplido con el plazo legal de 30 días para su traslado, ya que llegó a Ankara el 9 de septiembre de 2024, se le acusa de no haber acatado una disposición interna del Viceministro de Relaciones Exteriores, Jaime Barberis, que exigía su llegada el 1 de septiembre. Lo cual derivó en los hechos que se le acusan para abrirle el sumario administrativo.

Además de esto, en el Tribunal Contencioso Electoral deberá resolverse la denuncia por violencia política de género interpuesta por Abad en contra del presidente Daniel Noboa; el viceministro de Gobierno, Esteban Torres; la asesora presidencial Diana Jácome y la canciller Gabriela Sommerfeld.