Organismos internacionales alertaron sobre la nueva cárcel para los pandilleros construida en El Salvador

El gobierno de Nayib Bukele festejó esta semana la construcción de una mega prisión en la que recluirá a los miles de pandilleros que aún resta arrestar. Sin embargo, varios organismos internacionales se mostraron preocupados por esto y denunciaron las crudas condiciones a las que se enfrentarán los reos.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es un enorme complejo carcelario con capacidad para 40.000 internos ubicado en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, lejos de zonas urbanas y a 74 kilómetros de la capital. Se trata de la prisión más grande de Latinoamérica y cuenta con tecnología de última generación, lista para evitar fugas de reclusos.

En ella se ubicarán las cabecillas de las pandillas, incluidos los jefes de las clicas, sus miembros y colaboradores. “Todos los que pertenezcan a grupos terroristas”, resumió el director de Centros Penales, Osiris Luna, entusiasmado por continuar con la lucha contra las pandillas que ha llevado al Ejecutivo a destinar más recursos a ello que a la construcción de escuelas u hospitales.

El centro cuenta con una distribución y espacios pensados especialmente para castigar a estos criminales, lo que ha sido considerado como excecivo por varios organismos de derechos humanos que han señalado que esto no resolverá los problemas de seguridad a largo plazo.

Los presos que sean trasladados a esta cárcel no tendrán ningún contacto con el exterior y sólo saldrán de sus celdas para las audiencias con los tribunales de justicia que se realizarán de forma virtual desde un salón en el predio.

Amnistía Internacional fue uno de los primeros en alzar la voz en oposición a la obra y expresó su “profunda preocupación”. Hay “un claro patrón de violaciones de los derechos humanos bajo el enfoque de la seguridad pública actual en El Salvador”, denunciaron y agregaron que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el esclarecimiento de estos abusos”.

Por otro lado, destacaron que con esta cárcel “las autoridades planean seguir aplicando una política de seguridad pública de encarcelamiento masivo” y “esto no aborda las causas y raíz de la violencia” por lo que “no servirá para superar el problema a largo plazo”.

A este argumento se sumó Carolina Jiménez Sandoval, presidente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA sus siglas en ingles), y escribió en su cuenta de Twitter: “Con esta cárcel el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador muestra que no tiene planes claros para prevenir el delito. Su opción principal es un estado de ‘excepción’ permanente en el que se cometen violaciones de derechos humanos”.

En ese sentido, AI instó al gobierno de Bukele a “cambiar el rumbo” ya que “la violencia de las pandillas en el país debe ser abordada de manera integral y garantizando los derechos humanos de toda la población”.

Por su parte, el padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Católica José Simeón Cañas (UCA), coincidió al señalar que la cárcel está únicamente enfocada en castigar de manera permanente a los reclusos. “A mi me estremeció ver celdas de castigo donde las personas van a estar en total oscuridad, en total aislamiento, durmiento sobre una tabla de cemento”, dijo.

A esto, el ferviente crítico del curso tomado por el Gobierno en materia de seguridad, sumó que el espacio no cuenta con una biblioteca ni aulas para que los pandilleros puedan formarse y cambiar sus criterios para, así, abandonar la vida delictiva.

Esta mega obra carcelaria fue anunciada a pocos días de que el Congreso dispusiera el 26 de marzo de 2022 el estado de excepción que aún rige en el país tras ser prorrogado en diez ocasiones. La medida surgió como una respuesta urgente a la ola de violencia que sólo iba en escalada y había dejado 62 homicidios en sólo un día.

Gracias a ello, según cifras oficiales, ya son 62.975 las personas detenidas por estar vinculados a las pandillas y tan sólo 3.313 fueron puestos en libertad nuevamente dado que no se pudo verificar su culpabilidad. Sin embargo, los críticos de esta medida han señalado que el régimen vigente limita la libertad de asociación y suspende el derecho de las personas de ser debidamente informados sobre los motivos de su arresto. Tampoco se les permite la asistencia de un abogado para enfrentar sus procesos penales.

Así, en el pasado, diversas organizaciones tanto nacionales como internacionales han denunciado la situación en el país junto con las violaciones masivas del debido proceso, el hacinamiento extremo en las cárceles debido a las detenciones arbitrarias y la muerte de personas bajo custodia de las autoridades.

En tanto, el gobierno de Bukele confía en que este camino es el correcto en la lucha contra las maras y justifican su accionar con las métricas y encuestas que muestran un alto apoyo de la ciudadanía en lo que respecta a las políticas de seguridad. Incluso, han destacado la reducción del índice de homicidios en un 57% durante el último año.

(Con información de EFE y AP)

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