El régimen de Nicaragua canceló este miércoles, a través del Ministerio de Gobernación, otras 91 ONG, la mayoría religiosas, en el contexto de un proceso que inició tras el estallido social contra Daniel Ortega en 2018.
Las ONG fueron canceladas porque supuestamente “han incumplido sus obligaciones conforme el marco normativo”, y “no reportaron, por períodos de entre 2 y 29 años, juntas directivas, estados financieros, balanza de comprobación, detalle de donaciones, así como información de identidad y origen de todos sus miembros donantes”, explicó el Ministerio de Gobernación en La Gaceta, diario oficial.
De las 91 ONG ilegalizadas, 27 son religiosas y 8 internacionales. Entre ellas están la Asociación de Mujeres Cristianas Dios es Amor, la Fundación Cristiana Niños para Cristo y la estadounidense Solid Rock Foundation.
El Poder Ejecutivo, con el apoyo del Legislativo, ahora suma 2.926 ONG ilegalizadas desde el estallido contra Ortega hace cuatro años y medio, quien sostiene que fue víctima de un intento de golpe de Estado, del que no ha ofrecido pruebas.
La mayoría de cancelaciones (2.802), se han ejecutado desde marzo pasado, según un informe presentado recientemente por 18 organizaciones, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con la denuncia, y por declaraciones de las autoridades nicaragüenses, la ilegalización de las ONG está relacionada con las protestas antigubernamentales de 2018, en las que murieron al menos 355 personas, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce 200.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las más de 6.000 registradas estaban operando.
Estas acciones son posibles ya que la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro delega en manos del Ejecutivo -a cargo de Daniel Ortega- las medidas sobre las organizaciones tanto extranjeras como nacionales. Todo ello se realiza a través del Ministerio de Gobernación y sin necesidad de un trámite parlamentario.
De todas formas, independientemente de quién sea el encargado de firmar estas órdenes, su carácter y los argumentos que las respaldan siguen siendo los mismos, ya que el oficialismo acusa a estas ONG por irregularidades de tipo administrativo.
El bloqueo a estas organizaciones recibió el repudio de la oposición local asi como de la comunidad internacional, incluida la ONU, quienes cuestionaron esta campaña y advirtieron que se enmarca dentro de una ola de represión.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
(Con información de EFE y EP)
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