“La dictadura de Daniel Ortega sigue barriendo sin descanso todo vestigio de libertad de prensa” en Nicaragua, señaló la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en un informe aprobado este domingo en su 78 Asamblea General.
En el documento, la SIP recordó que en este periodo el régimen sandinista “confiscó las instalaciones de La Prensa, cerró la señal de CNN en Español, clausuró varias radioemisoras de la Iglesia católica y canceló las operaciones de cientos de organizaciones no gubernamentales”.
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“El régimen ordenó la usurpación de las oficinas y talleres de La Prensa, tomadas por la Policía Nacional el 13 de agosto de 2021, lugar en el que abrió un centro Cultural y Politécnico llamado José Coronel Urtecho”, puntualizó la SIP, “el régimen había confiscado los medios Confidencial y 100 % Noticias, cuyas sedes fueron convertidas en una casa materna y en un centro de atención para adictos, respectivamente”.
Observó que la confiscación está prohibida por el artículo 44 de la Constitución de Nicaragua y establece que los funcionarios deberán responder con sus bienes por los daños que causaron.
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La estocada final al diario La Prensa
La Prensa denunció que las instalaciones y las maquinarias “confiscadas” tienen un valor cercano a 10 millones de dólares.
“Esta fue la estocada final contra el diario cuyo gerente general, Juan Lorenzo Holmann, permanece en prisión desde hace 18 meses. Otros dos miembros de su junta directiva, Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, cumplen sus condenas en arresto domiciliario”, apuntó la SIP.
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Asimismo, recordó que semanas atrás, en una nueva arremetida contra el personal de La Prensa, las autoridades detuvieron a dos conductores o choferes del medio y acusaron a otros cuatro empleados, lo que obligó al personal de la sala de redacción, unas 15 personas, a salir del país por temor a las amenazas y represalias del régimen.
Se calcula en más de 150 los periodistas que se exiliaron desde la represión de abril de 2018, alertó la SIP.
Además, denunció que también continúan presos los periodistas Miguel Mora, fundador y director del canal 100 % Noticias, y Miguel Mendoza, cronista deportivo, sentenciados a 13 y 9 años de cárcel, respectivamente.
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Además el comentarista televisivo Jaime Arellano cumple su condena de 13 años en arresto domiciliario.
Cierre de medios católicos
Por otro lado, en mayo pasado, el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ordenó a las empresas de servicio de cable sacar de su programación al Canal Católico de Nicaragua -canal 51-, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
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Luego la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de varias decenas de ONG, entre ellas la Asociación de Publicaciones Católicas, que producía e imprimía el periódico Voz Católica desde hace 16 años.
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En tanto, los medios católicos TV Merced, de la diócesis de Matagalpa, y Canal Católico San José, de la diócesis de Estelí, fueron sacados de la frecuencia de televisión por cable, por órdenes de Telcor.
En junio, fueron allanadas por la Policía las instalaciones del medio digital Trinchera de la Noticia, que cerró después por orden judicial.
El 21 de septiembre, el Gobierno mandó a sacar la señal de CNN en Español de la parrilla de televisión por cable después de 25 años de operación en el país, al considerar que el “contenido transmitido por el Canal CNN en Español contraviene, vulnera y lesiona las normas jurídicas”.
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En un comunicado, Telcor acusó al medio de violentar los artículos 1 y 67 de la Constitución y varias leyes sobre telecomunicaciones.
El pasado 6 de septiembre, en vísperas del Día Internacional del Periodista, la vicepresidenta Rosario Murillo afirmó que los medios independientes del país son “difamadores, mentirosos y responsables de crímenes de lesa humanidad”, según el informe.
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El 27 de abril, organizaciones defensoras de la libertad de prensa lideradas por la SIP presentaron un plan de acción para respaldar a medios y periodistas independientes del país, y pidieron a organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el Gobierno libere a los periodistas y presos políticos.
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