
En Uruguay el debate por la Ley de Eutanasia tiene más de dos años y aún no se llegó a un proyecto de ley concreto en el Parlamento. Las demoras son producto de la pandemia, que postergó las conversaciones, y también de la cantidad de posturas que la normativa genera, sobre todo porque se trata de un tema religioso y humano.
En este sentido, los integrantes de la sala de Derecho Constitucional de la Universidad de la República (Udelar) actualmente están divididos en sus posturas frente a la ley, según informó El País.
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Por un lado, algunos de los abogados de la cátedra defienden la constitucionalidad de la ley y sostienen que si bien el Estado debe proteger el derecho a la vida, eso no significa que pueda decidir sobre ella. Y por el otro, otros expertos en la materia argumentan que se trata de un tema inconstitucional porque se crea el derecho de “transcurrir dignamente el proceso para morir”.
En total, son 20 los constitucionalistas que pertenecen a la cátedra de la Universidad de la República y discutieron esta semana sobre la eutanasia. “En lo que hubo unanimidad en el instituto fue en que los dos proyectos hay que corregirlos, hay que ajustarlos”, señaló Correa Freitas, uno de los abogados de la sala, a El País.
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El proyecto original fue presentado al Parlamento en marzo de 2020 por el diputado del Partido Colorado Ope Pasquet, pero no se llegó a tratar en las cámaras debido a la emergencia sanitaria.
Sin embargo, el Frente Amplio elevó en 2021 un nuevo proyecto con algunas modificaciones al planteo de Pasquet y la oposición en general apoyó la iniciativa de los colorados, más allá de que Pasquet pertenezca a la coalición de gobierno. Lo cierto es que colorados y frentistas han unido fuerzas y el objetivo es que la ley sea aprobada antes de fin de año.
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“Ambos proyectos perfectamente pueden ser complementarios”, dijo al respecto la diputada del FA Lucía Etcheverry en diálogo con El Observador. “Sobre todo a la hora de dar las debidas garantías en un tema que es complejo y que debe ser riguroso”, agregó Etcheverry. Sin embargo, para lograr los votos necesarios los legisladores conformarán un único proyecto.
Ese proyecto es el que se está definiendo en estas semanas, a pesar de que los legisladores que están en contra insisten con postergar la discusión para el año 2023.
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La mayoría de los opositores al proyecto pertenecen al partido del presidente Lacalle Pou, el Partido Nacional. En la figura del diputado nacionalista Rodrigo Goñi se centralizó la convicción de evitar que la legalización. Goñi se reunió con las autoridades del Colegio Médico -la organización que nuclea a todos los profesionales médicos del país- con el fin de que haya un pedido formal para posponer el tratamiento del proyecto en el Parlamento.
El proyecto del Frente Amplio propone modificaciones al Código de Ética Médica actual, como por ejemplo la derogación de un artículo que condena la práctica de la eutanasia activa “como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente” por ser contraria a la ética médica.
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En este sentido, Goñi consideró “un atropello institucional” y “una falta de respeto a la autonomía del Colegio Médico” la propuesta. Sin embargo, desde la organización manifestaron lo siguiente: “Todo planteo con el fin de intentar mejorar el proceso y el resultado final para tratar lo que está en el Parlamento respecto a la eutanasia es bienvenido”. Además, la presidenta del Colegio Médico, Lucía Delgado dijo a El País que no habrá un posicionamiento oficial “ni a favor ni en contra” de la eutanasia desde el colectivo.
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