El régimen chino en América Latina se vuelca a contratos locales de bajo perfil para evitar el escrutinio público

China consolidó una influencia más profunda y menos visible en América Latina al pasar de los megaproyectos a contratos locales de seguridad, energía, transporte y litio, una estrategia que, según Foreign Affairs, reduce costos, evita el escrutinio político y crea dependencias difíciles de revertir para gobiernos municipales, provinciales y nacionales.

La magnitud del cambio aparece en los números. Los préstamos tradicionales de la Iniciativa de la Franja y la Ruta para la región cayeron de casi USD 25 mil millones en 2010 a un promedio anual de USD 1.300 millones, pero las empresas chinas todavía invirtieron USD 8.500 millones en América Latina en 2024, apenas un 10% menos que el año anterior.

La diferencia, explicó la publicación, es que ese dinero ya no fluye principalmente como crédito soberano para represas, puertos o ferrocarriles, sino como compras de activos existentes, ventas de equipos, programas de capacitación, donaciones y contratos de mantenimiento. Ese formato suele pasar más inadvertido porque muchas de esas operaciones no aparecen en las estadísticas convencionales de inversión y, a veces, quedan cubiertas por cláusulas de confidencialidad.

Contratos pequeños y redes subnacionales

Durante gran parte de la década de 2010, Beijing apostó por obras de gran escala en América Latina: puertos, represas y hasta un ferrocarril transcontinental pensado para unir la costa pacífica de Perú con el Atlántico brasileño. Ese plan buscaba asegurar materias primas, abrir mercados para compañías chinas y traducir peso económico en alineamiento diplomático, incluido el cambio de reconocimiento de Taiwán hacia China continental.

A comienzos de la década de 2020, ese enfoque cambió. De acuerdo con Foreign Affairs, las grandes obras se volvieron más costosas para una economía china bajo presión y también más expuestas al rechazo geopolítico, por lo que Beijing empezó a privilegiar iniciativas que define como “pequeñas pero hermosas”, con presencia física menor y dirigidas a sistemas nacionales y subnacionales más acotados.

Ese viraje ya se ve en varios sectores. Firmas chinas desarrollan proyectos de litio en provincias argentinas, operan todos los distribuidores eléctricos que abastecen a Lima y suministran equipos policiales y sistemas de videovigilancia a municipios de distintos países de la región.

La lógica es acumulativa. Un contrato municipal por cámaras, un memorando provincial o un acuerdo de mantenimiento pueden parecer decisiones aisladas, pero juntos crean una infraestructura de dependencia que luego Beijing puede integrar en acuerdos formales de cooperación con los Estados.

En la provincia argentina de Jujuy, por ejemplo, un intercambio técnico entre agencias geológicas de ambos países derivó en una asociación estatal explícita para estudiar salares de la provincia. Más tarde, una empresa china tomó una participación mayoritaria en un proyecto local de litio.

Seguridad, vigilancia y entrenamiento

Uno de los espacios donde ese avance resulta más visible es la seguridad interna. América Latina tiene una tasa de homicidios de alrededor de 20 por cada 100.000 habitantes, tres veces el promedio mundial, y esa presión empuja a muchos dirigentes a buscar soluciones rápidas frente a la violencia de carteles y pandillas, el robo de cargas y los ataques informáticos.

China se presentó allí como proveedor accesible. Los primeros pasos suelen ser modestos: equipos antidisturbios donados, vehículos blindados para las fuerzas armadas de Bolivia o motocicletas para policías del Caribe. Después llegan sistemas más complejos.

En abril de 2025, el gobernador de Río de Janeiro viajó a China y firmó acuerdos con Hikvision y Dahua por más de 27.000 cámaras corporales y vehiculares. En Ciudad Juárez, autoridades locales compraron 1.000 cámaras de reconocimiento facial a las mismas compañías, que entonces figuraban en la lista de proveedores prohibidos de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos.

La presencia china en este rubro ya tenía peso años antes. Para 2018, el 62% de las importaciones argentinas de equipos de vigilancia provenía de China, frente al 5% de Estados Unidos, y al menos 35 ciudades latinoamericanas usan hoy sistemas de vigilancia chinos.

La cooperación no se limita al hardware. Delegaciones de Argentina, Brasil, Cuba y Panamá estudiaron en la Universidad de la Policía de Investigación Criminal de China, en Shenyang. En septiembre de 2024, el ministro de seguridad pública chino firmó con la policía de Nicaragua un acuerdo de formación sobre narcóticos, ciberdelito y terrorismo, después de que Beijing ya hubiera entregado equipo antidisturbios al país.

Cómo un contrato puede convertirse en una dependencia estructural

El caso más claro de esa expansión es ECU-911, el sistema nacional de respuesta de emergencias de Ecuador. Todo comenzó en 2011, cuando el gobierno ecuatoriano contrató a la empresa estatal china CEIEC para crear una red de vigilancia basada en cámaras de Huawei.

El sistema fue financiado con un préstamo de USD 240 millones del Banco de Desarrollo de China, respaldado no por garantía soberana sino por un contrato de venta de petróleo que obligaba a PetroEcuador a enviar 72.000 barriles diarios a PetroChina durante la vida operativa del proyecto. En 2016, Xi Jinping inauguró personalmente un laboratorio conjunto de seguridad en la sede del sistema durante una visita a Ecuador.

Después llegaron nuevos escalones de integración. Beijing donó 10.000 fusiles AK-47 a las fuerzas armadas ecuatorianas, a comienzos de 2018 ya se usaba reconocimiento facial chino en los centros de ECU-911 y en 2024 las cámaras municipales y privadas independientes del país fueron conectadas a esa red.

Lo que empezó como un contrato puntual terminó convertido en la columna vertebral del aparato de seguridad interna de Ecuador. El problema, sostuvo la revista, es que ese entramado no redujo de forma mensurable el delito: los homicidios pasaron de alrededor de 1.000 en 2016 a más de 4.800 en 2022.

La fragilidad técnica agravó la dependencia. Para 2022, unas 1.100 de sus 6.500 cámaras estaban fuera de servicio y hoy el sistema apenas funciona, pero reemplazarlo sería tan costoso y complejo que el país sigue atado a Beijing para sostener un mecanismo de emergencias deteriorado.

Esa dificultad para salir no es accidental. Las plataformas chinas integradas son baratas al inicio, pero costosas de sustituir; además, muchos diseños son propietarios y requieren asistencia continua de las empresas chinas para reparaciones, repuestos y actualizaciones de software.

Un estudio de 2020, citado por el medio, no encontró un solo gobierno que hubiera adoptado una plataforma china de vigilancia y control policial y luego la hubiera eliminado por completo. Los gobiernos, en cambio, tendían a restringir funciones específicas antes que desmontar todo el sistema.

Efectos políticos y diplomáticos

La estrategia china no depende de un único proyecto visible y por eso resulta más resistente. Beijing ya construyó vínculos estables con gobiernos municipales, provinciales y nacionales, incluidas casi 180 alianzas de ciudades hermanas con 17 países latinoamericanos.

Ese despliegue también puede traducirse en concesiones políticas. En marzo de 2023, Honduras rompió relaciones formales con Taiwán y estableció vínculos con Beijing. Tres meses después firmó 17 acuerdos de cooperación con China, entre ellos uno sobre ciudades inteligentes, expresó su apoyo a la Iniciativa de Seguridad Global china y, dentro del año siguiente, su sistema 911 adjudicó sin competencia un contrato para un sistema chino de gestión de video e instaló 3.500 cámaras fabricadas por Huawei.

La presión no siempre se manifiesta como coerción abierta, pero la posibilidad existe. Si un Estado adopta una posición contraria a los intereses de Beijing, China puede retener repuestos, actualizaciones o técnicos, y convertir una relación comercial en una herramienta de presión.

La autora también señaló costos internos. Cuando comunidades indígenas bloquearon salares de Argentina por el impacto ambiental de proyectos de litio respaldados por China y por no haber sido consultadas antes de la entrada en vigor de los acuerdos, el gobernador de Jujuy aceleró una reforma constitucional para prohibir los cortes de ruta. Grupos de derechos humanos denunciaron además agresiones y detenciones ilegales por parte de la policía provincial.

El modelo no se limita a América Latina. En Lahore, en Pakistán, la Autoridad de Ciudades Seguras de Punjab instaló centros de comando construidos por Huawei y 10.000 cámaras de vigilancia mediante un contrato de USD 84,7 millones; el sistema de vigilancia de Kenia funciona con tecnología china; y el Ministerio de Seguridad Pública de China firmó acuerdos policiales o de seguridad con unos 74 países, con más de 200 convenios en total, además de haber entrenado de manera verificable a más de 12.000 agentes extranjeros desde 2000.

China avanza mediante oficinas de compras municipales, academias policiales y contratos de bajo perfil que cubren necesidades cotidianas de alcaldes, gobernadores y agencias provinciales.