
Un chofer de la empresa Pesqueros logró escapar de un ataque armado contra el vehículo en el que se encontraba en el cruce de Prolongación Javier Prado y Metropolitana, en Lima. Aunque los presuntos sicarios no fueron capturados hasta el momento, representantes de la empresa de transportes afirmaron que la víctima activó un botón de pánico que fue pagado por la propia empresa y no por el Gobierno.
Según el vocero de la empresa Pesqueros y dirigente de transportistas de Lima Sur, Julio Bretonoche, “esta, la que aparecería ahorita, sería la tercera que nos estaría intentando cobrar un cupo”, indicó a Latina.
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Todo esto sin que se haya cumplido la promesa de instalar cámaras de seguridad en cada bus. “Ha habido dos procesos de compra caídos y el tercero, que fue la promesa hasta el 15 de julio, hasta ahorita no vemos ni una cámara”, afirmó Bretonoche a Latina.
Bretonoche también sostuvo que la extorsión se ha expandido más allá de un solo operador. Según declaró, unas 40 empresas de transporte han recibido mensajes extorsivos y la presión delictiva “podría” haberse duplicado.

PNP afirma que cifras de criminalidad se redujeron
Mientras los transportistas denuncian un aumento de la presión extorsiva, el general PNP Jorge Castillo, jefe de la región policial Lima, defendió el plan Escudo, que entró en vigencia para proteger a los transportistas en sus rutas, y afirmó que “la reducción de homicidios o sicariato que se cometen [contra] los conductores se ha reducido”.
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Sin embargo, al ser confrontado con datos que registran 107 ataques con víctimas solo en 2026, una cifra cercana a la de todo 2025, el general PNP Castillo indicó a Latina que la baja se aprecia “en estos últimos meses”, aunque luego se refirió a esta reducción como algo registado “en estos últimos días”.
El jefe policial respondió que se están capturando bandas involucradas en extorsiones al transporte y que esas detenciones ya fueron presentadas ante la prensa con armas, explosivos y notas extorsivas. Aun así, la discusión en pantalla giró sobre el mismo punto que plantean las empresas: la diferencia entre reaccionar después del ataque y prevenirlo antes de que ocurra.
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Castillo sostuvo que existe una plataforma de interoperabilidad entre la ATU y la Policía Nacional del Perú para seguir por GPS a efectivos, vehículos policiales y unidades de transporte público. También afirmó que la mayoría de los buses cuenta con botón de alarma y que, cuando se activa, se desplazan vehículos “inmediatamente” para ubicar a quien se siente en riesgo o bajo amenaza.

Empresa Pesqueros bajo ataque de extorsionadores
De acuerdo con el relato del vocero, no había pasajeros dentro del bus porque la unidad recién iba a empezar el recorrido. El dirigente sostuvo que el chofer detectó movimientos sospechosos y reaccionó con la capacitación previa que había recibido de la policía.
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Según esa versión, al lado derecho del bus había tres sujetos y otro se ubicó a la altura del conductor. El impacto terminó en una ventana lateral, aunque el vocero sostuvo que el objeto contundente estaba dirigido originalmente hacia la parte delantera de la unidad, donde se encontraba el chofer.
Bretonoche indicó que el trabajador activó el botón de pánico y se retiró del lugar para dirigirse al patio de la empresa. Después acudió a la división de extorsiones para rendir su manifestación ante la policía.
Empresa financia su protección
El dirigente de Pesqueros vinculó la supervivencia del conductor con una inversión que, según dijo, no provino de las autoridades. “Las cámaras o los botones de pánico que se están instalando son a costo de nosotros”, declaró.
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Ese esfuerzo, agregó, tiene un costo de S/ 80 mil para la empresa y se sostiene con endeudamiento. Bretonoche precisó que no trasladan ese pago a los conductores porque, si lo hicieran, “ya prácticamente no van a trabajar”.
La crítica apunta a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El vocero sostuvo que, pese a que los recursos para la compra ya existen, la empresa no ha recibido “ninguna cámara”.
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