La Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirma un ciberataque por el que exigían dinero para liberar el sitio

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó que sufrió un ciberataque, que afectó el casillero electrónico y otros sistemas clave. Para resolverlo, los presuntos delincuentes exigían una suma de dinero.

El problema en el sistema informático inició la noche del lunes 10 de agosto. Distintos usuarios informaron sobre dificultades para utilizar la plataforma. En ese momento, el máximo tribunal constitucional guatemalteco afirmó, a través de un comunicado, que se trató de “dificultades técnicas temporales” y que había afectado únicamente el casillero electrónico.

En esa primera comunicación, la institución indicó que los usuarios registrados no podían enviar sus peticiones a través del casillero electrónico y habilitó de forma provisional el correo: secretaria_general@cc.gob.gt para recibir solicitudes. La Corte sostuvo entonces que cualquier actualización sería informada por sus canales oficiales.

No obstante, personal de la propia institución confirmó a medios locales que detrás de las fallas se habría registrado un intento de hackeo. Pero no pudieron establecer el alcance del hecho ni confirmar si el incidente comprometió información o si solo afectó el funcionamiento del casillero electrónico.

Hasta ese momento, el comunicado oficial de la Corte no hacía referencia a un ataque informático y se limitaba a mencionar dificultades técnicas.

La versión cambió este martes 11 de agosto, cuando la propia CC informó en un nuevo comunicado que sus sistemas habían sido objeto de un ciberataque, con afectaciones temporales en algunos servicios tecnológicos.

“El 10 de agosto de 2026, los sistemas informáticos de la Corte de Constitucionalidad fueron objeto de un ataque cibernético, situación que ha provocado afectaciones temporales en la disponibilidad de algunos de nuestros servicios tecnológicos”, detallaron.

La institución aseguró que activó sus protocolos de seguridad y contingencia, mientras personal de la Dirección de Tecnologías ha trabajado para contener la situación, determinar su alcance y restablecer los servicios de forma segura y progresiva.

La Corte añadió que cuenta con resguardos institucionales íntegros y disponibles para restaurar la información contenida en los servidores y demás infraestructura afectada. También señaló que continuará aplicando medidas para reforzar sus mecanismos de protección tecnológica y reducir los riesgos asociados a este tipo de amenazas.

El ataque dejó fuera de servicio sistemas necesarios para el trabajo de la Corte

La falla tecnológica obligó a suspendió el pleno previsto para el lunes 10 de agosto. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Prensa Libre, la interrupción dejó fuera de servicio los sistemas informáticos necesarios para el desarrollo de las actividades de la institución.

Un oficio de la Dirección de Tecnologías de Información dirigido a la presidenta de la CC, Gladys Anabella Morfin, señaló que el problema se originó por “inconvenientes técnicos presentados en el equipo de infraestructura hiperconvergente” de la entidad.

Ese documento, fechado el 10 de agosto, añadió que la falla provocó la indisponibilidad de servicios tecnológicos críticos y de los sistemas necesarios para las labores institucionales.

Exigieron dinero

Por su parte, el magistrado Roberto Molina Barreto dijo a Soy502 que los atacantes solicitaron dinero a cambio de desistir. Se enteraron, luego de que la Dirección de Tecnologías de la Información reportó la aparición de un mensaje en el que se exigía el pago para detener el ataque, aunque no precisó ningún monto.

Molina Barreto agregó que el pleno conoció formalmente el incidente el martes 11, donde se le instruyó a la presidenta de la Corte a presentar la denuncia ante el Ministerio Público.

“En el pleno de esta mañana, después de la diez se le instruyó a la presidenta de la CC a que presentara la denuncia”, afirmó al medio.

Mientras que Prensa Libre indicó que sus fuentes les detallaron que la denuncia podría incluir información sobre que un exfiscal divulgó en sus redes sociales el problema antes de que la propia Corte contara con información oficial sobre lo ocurrido.

El magistrado también indicó que, a raíz del ataque, no han podido acceder a los expedientes que debían resolver. Ese efecto coloca el problema más allá de una falla operativa aislada: el casillero electrónico y los sistemas internos son parte del funcionamiento cotidiano de la justicia constitucional.