Aprueban proyecto para que Panamá se adhiera a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio

La adhesión de Panamá a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) abre la puerta a una nueva etapa en la región en materia de innovación y cooperación tecnológica.

El gobierno panameño aprobó el proyecto de ley que permitirá al país sumarse a este organismo, creado en México en septiembre de 2021, y buscará reducir la brecha digital en Latinoamérica y el Caribe.

El ingreso de Panamá en la ALCE implica que el país podrá acceder a programas y actividades espaciales coordinadas a nivel regional, lo que incluye el mejoramiento de los sistemas de comunicación satelital y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, un aspecto clave ante los desafíos del cambio climático.

Además, la membresía facilitará la colaboración tanto con el sector público como privado en iniciativas de tecnología espacial con fines pacíficos.

La participación en la agencia también impulsará la mejora de las telecomunicaciones satelitales.

Esto repercutirá directamente en la calidad de los servicios de conectividad e internet, abarcando voz, datos, televisión y aplicaciones de telemedicina o navegación. Así, la población panameña podrá beneficiarse de avances que impactan en la vida diaria y en la inclusión digital.

En términos prácticos, la integración de Panamá a la ALCE permitirá desarrollar herramientas para observar desde el espacio fenómenos como la incidencia de la agricultura y los desastres naturales, lo que acelerará la transformación digital y la inclusión social en el país.

La propuesta fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, quien recibió el aval del Gabinete para llevarla ante la Asamblea Nacional.

De igual manera, el ente ministerial también aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, un plan elaborado por el Ministerio de la Presidencia y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Esta estrategia busca convertir a Panamá en el “Hub Confiable de Innovación en Inteligencia Artificial de América Latina”, aprovechando la conectividad, los servicios globales y la estabilidad institucional del país.

Este documento establece objetivos y prioridades orientados al desarrollo ético, responsable, inclusivo y seguro de la inteligencia artificial.

La Comisión Nacional para Tecnologías Críticas y Emergentes, junto a su Subcomisión de Inteligencia Artificial, fue la encargada de presentar la iniciativa, que integra aportes de la academia y el sector productivo bajo la coordinación técnica de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Las autoridades panameñas han señalado que la estrategia prioriza la formación de talento local, la soberanía tecnológica, la sostenibilidad ambiental y la cooperación internacional. Además, destaca la atracción de inversiones estratégicas y la alineación con las mejores prácticas internacionales.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial se complementa con la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, ambas integradas en la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas.

Esta agenda, presentada en junio de 2026, responde a la visión de una economía basada en el conocimiento y busca afrontar los retos nacionales y globales mediante la ciencia, la tecnología y la innovación.

El Consejo de Gabinete aprobó también un crédito adicional suplementario al presupuesto de 2026 para la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por un total de $7,882,484.00.

Este monto, se indicó, se destinará a fortalecer el presupuesto de funcionamiento de la oficina y formalizar contratos de servicios legales con diversos contratistas.

La resolución contó con la aprobación del Consejo Económico Nacional y la opinión favorable de la Contraloría General de la República, que avalaron tanto la viabilidad financiera como la conveniencia de la medida.

El MEF fue autorizado a presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y registro correspondiente de ingresos y gastos.

Con estas decisiones, una nota de prensa oficial señala que se está apostando por posicionar al país en la vanguardia tecnológica y fortalecer su capacidad para responder a los desafíos económicos y sociales actuales.