Tensión en el sur de Chile: pese al despliegue militar, se intensifican los actos de violencia

En la madrugda de este martes en Tirúa, específicamente en el kilómetro 73 de la Ruta P-72S, sector Primer Agua, dos camioneros fueron obligados a abandonar sus máquinas cargadas con rollizos de madera, que luego fueron quemadas por los encapuchados. La localidad se encuentra en Arauco, una de las cuatro provincias de la Macrozona sur que está bajo el régimen de Excepción Constitucional.

Las máquinas incendiadas fueron interceptadas por encapuchados que obligaron a sus conductores a abandonar el lugar. Tras esto, las rociaron con combustible para prenderles fuego. Las nuevas acciones de violencia se registraron pese a que las autoridades decretaron Estado de Excepción el pasado 12 de octubre.

Asimismo se encuentra en etapa de investigación el incendio que afectó a una vivienda ubicada al costado del santuario de Metrenco, en el kilómetro 685 de la Ruta 5 Sur, hecho que se registró pasadas las 6:30 horas de este martes. Bomberos analiza la posible participación de terceros en este hecho.

La declaración de Excepción Constitucional ha sido objeto de polémica en el sur de Chile. De hecho, el encargado de la Macrozona Sur en la región del Bio Bío, Roberto Coloma, lamentó que el alcalde de Tirúa, José Linco, se negara a recibir en dependencias municipales -como una escuela o un gimnasio- al personal de la Armada destinado a la protección de la zona.

El uniformado criticó que a causa de la determinación edilicia, el contingente debe quedarse en Los Álamos, ubicado a 50 minutos de la entrada de Cañete y a una hora y media de Tirúa, durante el tiempo que dure la medida. Para Coloma, este rechazo deja en evidencia el apoyo que se le da a los manifestantes: “Es precisamente a eso cuando me refiero en otras oportunidades que grupos violentistas que operan en la zona cuentan con cierto soporte político, ya sea por acción o por omisión. Eso nos parece grave”, indicó el capitán de fragata.

En tanto el diputado del Partido Ecologista Félix González, afirmó que los parlamentarios de la zona están en contra de la aplicación de Estado de Excepción en Arauco y Bio Bío, y anticipó su negativa a cualquier intento del Gobierno de buscar extender vía autorización del Congreso la medida de emergencia. El parlamentario afirmó a un medio local que “es un gran error lo que ha hecho el gobierno de militarizar la zona de Arauco y la Araucanía en general al igual que la región del Bio Bío porque no van a solucionar el problema de la inteligencia policial que falta. La mafia de las drogas, las mafias de robo de madera son cuestiones que son de orden público y son labor de las policías, y eso no lo van a hacer los militares”.

Por su parte el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) afirmó que la declaración de emergencia en la macrozona sur es una demostración del fracaso del Estado. Según el director de la entidad, Sergio Micco, “es un fracaso del Estado y de la sociedad, en su conjunto, que se cometan asesinatos y otros hechos de violencia y que no se pueda investigar, juzgar ni condenar a los culpables”. Agrega que “también representa un fracaso que el Estado de Chile termine, en los hechos, involucrando a las Fuerzas Armadas en funciones que debieran ser privativas de Carabineros y de la PDI”. Micco concluyó que la única forma de superar la situación de violencia en el sur es a través del diálogo.

Desde el pasado jueves los militares comenzaron a desplegarse en las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío y Malleco y Cautín en la Región de la Araucanía, luego que el lunes el Presidente Piñera decretara la medida en medio de un paro de camioneros que fue suspendido después del anuncio.

Por ahora, las autoridades han descartado la implementación de un toque de queda a raíz de esta determinación, aunque el coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquízar, afirmó que “si las fuerzas armadas están colaborando con las policías y son atacadas por orgánicas terroristas, existe la legítima defensa y pueden hacer uso de sus armas para repeler el ataque”.

La ciudadanía también se manifestó al respecto. De hecho, la última encuesta realiza por Plaza Pública Cadem sobre la situación de violencia en la macrozona sur arroja que el 55% de los consultados están de acuerdo con la medida, aunque un 92% considera que debió tomarse con anterioridad.

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