El régimen de Cuba somete a consulta popular un anteproyecto que busca reemplazar la normativa educativa aprobada tras la Revolución de 1959, con disposiciones sobre la nueva Ley de Educación, financiamiento no estatal y clases particulares. La iniciativa llega mientras las propias autoridades reconocen dificultades para sostener la actividad en las escuelas en medio de la crisis económica, energética y de personal docente.
El texto, que tuvo diecinueve versiones, consta de diez títulos y 243 artículos. El régimen prevé llevarlo en diciembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), órgano legislativo unicameral sin una oposición política con representación parlamentaria. Si recibe aprobación, quedará derogada la Reforma Integral de la Enseñanza del 23 de diciembre de 1959, una de las primeras normas impulsadas tras la llegada al poder de Fidel Castro.
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La reforma actualiza formalmente un sistema que el régimen ha presentado durante décadas como uno de sus principales logros. Esa narrativa convive ahora con la falta de docentes, cortes eléctricos, problemas de transporte, escasez de recursos básicos y una emigración sostenida que también afecta a maestros, profesores y familias.
El régimen mantiene el control estatal sobre la enseñanza
El anteproyecto establece la obligatoriedad educativa desde el nivel preescolar hasta el noveno curso. También define a la educación como un “bien público social” y como un derecho universal reconocido por la Constitución cubana.
La propuesta reafirma que la enseñanza debe ser pública, gratuita, inclusiva, accesible, laica y equitativa. A la vez, deja claro que la organización, regulación y provisión del Sistema Nacional de Educación constituyen una responsabilidad “indelegable” del Estado.
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Esa fórmula mantiene la centralización que caracteriza al sistema educativo cubano. Aunque el texto incorpora vías de financiamiento y servicios que hasta hace poco tenían un espacio limitado o carecían de regulación, el régimen conserva la rectoría sobre los contenidos, las instituciones y las autorizaciones para quienes pretendan participar fuera de la estructura oficial.
La promesa de gratuidad también enfrenta la realidad cotidiana de numerosos hogares. Las familias deben afrontar gastos vinculados con transporte, alimentación, materiales escolares, uniformes y clases de refuerzo, en una economía marcada por la inflación, la escasez y una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

El sector privado aparece como apoyo ante las carencias públicas
Uno de los cambios más visibles es la apertura a formas de gestión no estatal. El anteproyecto dice que se permitirá que el financiamiento de las instituciones educativas se complemente con aportes de actores privados y con cooperación nacional e internacional, siempre bajo supervisión estatal.
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También habilita a los organismos formadores a crear mecanismos de ingresos adicionales, entre ellos fundaciones, empresas interfaz y micro, pequeñas y medianas empresas. El texto contempla además la participación privada en servicios complementarios, como las casas de cuidado infantil.
La medida revela una contradicción para un régimen que durante décadas defendió el monopolio estatal de la educación como una bandera ideológica. La incorporación de recursos privados aparece como una respuesta a los límites financieros de un aparato público que no logra cubrir por sí solo las necesidades del sistema.
El reconocimiento de esas alternativas tampoco implica una liberalización plena. La actividad privada quedaría subordinada a la regulación de las autoridades, que mantienen la potestad de definir las condiciones de funcionamiento y los márgenes de intervención de los nuevos actores.
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Las clases particulares dejan de ser una práctica tolerada a medias
El anteproyecto reconoce la posibilidad de que docentes particulares, conocidos en Cuba como “repasadores”, trabajen fuera del sistema estatal. La decisión regulariza una actividad extendida entre las familias que buscan compensar las deficiencias de las aulas o preparar a sus hijos para exámenes.
La ministra de Educación, Naima Trujillo, defendió esa alternativa en declaraciones a EFE. “Al legalizarlo, el diálogo entre la escuela, la familia y el repasador es mucho más abierto”, afirmó. La funcionaria admitió además que esas figuras pueden servir de respaldo ante la falta de profesores en los centros educativos.
El giro importa porque las clases particulares habían enfrentado restricciones legales. En septiembre, el Ministerio de Educación ya había autorizado a maestros y profesores en activo a solicitar permisos para ofrecer repasos privados, una actividad que había quedado prohibida por la legislación cubana en 2022.
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La legalización permite al régimen reconocer una práctica que surgió de las propias fallas del sistema público. Sin embargo, también puede profundizar la brecha entre estudiantes cuyas familias pueden pagar apoyo extraescolar y quienes dependen exclusivamente de escuelas afectadas por la falta de personal y recursos.
La inteligencia artificial entra en un sistema con brechas tecnológicas
La propuesta incorpora el uso “crítico y ético” de la inteligencia artificial, la cadena de bloques y la realidad aumentada en la gestión educativa y en los procesos de enseñanza. El documento plantea que estas herramientas deben mejorar la eficiencia institucional, reducir la brecha digital, proteger el ambiente y cumplir medidas de ciberseguridad.
El desafío está en la distancia entre esos objetivos y las condiciones precarias de muchas escuelas. La incorporación de tecnologías avanzadas requiere conectividad estable, equipamiento, formación docente y acceso continuo a electricidad, elementos que no están garantizados de forma uniforme en la isla.
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El anteproyecto dedica además varios artículos a la protección de niños y adolescentes. Establece la necesidad de entornos seguros, protocolos contra la violencia y mecanismos de denuncia y restitución de derechos en las escuelas. También prevé orientación sobre los riesgos vinculados al uso de tecnologías digitales y el acceso a servicios de apoyo.
La votación definirá si el régimen reemplaza una norma fundacional de 1959 por una ley que reconoce, bajo control estatal, varias soluciones privadas y tecnológicas ante los problemas que atraviesa la educación cubana.
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